La polémica está servida. El Grupo Parlamentario Popular anunció ayer que va a estudiar medidas legales contra la orden de conciertos educativos del Consell y la califica como «una cacicada de Compromís». La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, rechazó las críticas del PP y aseguró que la Generalitat decidirá en función del interés general.

El borrador de la orden, que fue presentado esta semana a los sindicatos y patronal, priorizará aquellos convenios con cooperativas; los que se renueven frente a los nuevos, los que atienden a población desfavorecida, los que tengan experiencias innovadoras entre otros. En Bachillerato y FP los conciertos vencen en agosto del 2017 y a partir de enero las empresas deben solicitar su renovación. En la provincia de Castellón hay 1.000 plazas de Bachillerato en 8 centros en liza, 13 ciclos superiores y 14 medios.

La portavoz del PP y exconsellera de Educación, Mª José Catalá, señaló que la orden de conciertos «puede ser considerada contraria a la LOMCE, en lo dispuesto en el artículo 68». Catalá dijo que se «ignora el respeto a la decisión de las familias y la obligación de la Administración de programar la oferta educativa teniendo en cuenta la demanda social».

Catalá indicó que supone un «golpe mortal» a la concertada, a la libertad de las familias y una insumisión clara a una ley orgánica». «Con esta orden retrocedemos 50 años en el tratamiento de los conciertos educativos y fijamos la concertada como subsidiaria y no complementaria de la oferta pública», explicó Catalá.

RESPUESTA // Por su parte, Oltra dijo no entender la crítica del PP. «¿Qué está diciendo, que si la decisión la toma el Gobierno de España no será arbitraria y si la toma el Consell sí?». «O es una cuestión competencial y las comunidades pueden tomar decisiones, o ella está proyectando y cree el ladrón que todos son de su condición. ¿Ella fue arbitraria? (como consellera de Educación) ¿Está diciendo eso? Porque hasta ahora, los conciertos los decidía la Generalitat», indicó Oltra, que dijo: «El artículo 9 de la Constitución prohíbe la arbitrariedad en la administración pública». «Hay un borrador al que Catalá ha tenido acceso, no como cuando ella gobernaba», concluyó Oltra.