Usar fuentes tributarias para financiar los servicios esenciales del Estado de bienestar y disponer de un horizonte realista de regreso a la viabilidad financiera de las autonomías son algunos de los criterios que, a juicio del president de la Generalitat, Ximo Puig, deben inspirar el nuevo sistema de financiación.

Así lo atestiguó en el seminario sobre Financiación autonómica, estabilidad presupuestaria y bienestar, organizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la Generalitat, y donde se presentó un estudio que considera «insuficientes los 16.674 millones de euros del sistema de financiación». Elaborado por el IVIE y el catedrático Francisco Pérez, el documento señala que esa cuantía sería mayor si se toman otras referencias para estimar las necesidades de gasto: si se compara con el porcentaje del PIB que gastan en los servicios públicos fundamentales los países del euro, serían 40.000 millones más; y para igualar el gasto por unidad de necesidad de las autonomías forales harían falta 48.962 millones de euros más.

El estudio ve necesaria «una adecuada combinación» de suficiencia de recursos, previsión financiera y reglas de gasto, que sean viables a medio plazo.

Considera que los actuales niveles de gasto en servicios públicos fundamentales de las comunidades de régimen común no son excesivos y se han ajustado. «Si, pese a esos menores gastos, las comunidades padecen insuficiencia financiera y déficit, la causa son ingresos insuficientes». Apunta además que, para corregir desequilibrios, hay «un margen de mejora más amplio» si, en lugar de ajustes de gasto, viene por los ingresos a través de una profunda reforma fiscal.

Sobre la nueva financiación autonómica, Puig urgió a una «reforma en profundidad» y recordó que en la Comunitat el nivel de cobertura de servicios «ha tenido que ajustarse a la baja en salud, educación y servicios sociales y, pese a ello, hemos tenido déficit muy importantes y acumulado volúmenes de deuda difícilmente asumibles». «Nos encontramos a la cola de las comunidades en recursos por habitante y a la cabeza en endeudamiento», dijo, y exigió «el mismo trato que los demás españoles». Para el jefe del Consell, el nuevo sistema debe proteger los servicios de salud, educación y protección social, en niveles que «deben acordar las Cortes Generales y garantizarse» con igualdad con independencia de donde se resida. También abogó por financiarlos con las principales fuentes tributarias (cotizaciones sociales, IRPF, IVA e Impuestos Especiales) y para ello debería revisarse la actual distribución entre Administraciones de los ingresos tributarios.