«En estos momentos vemos que hay que tomar decisiones importantes de restricciones que van a evitar ir más allá y vemos que el instrumento más claro es el estado de alarma. Está en la Constitución». De este modo, anunciaba este viernes por la noche el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, su intención de solicitar este sábado al Gobierno esta medida excepcional que ya han pedido ocho comunidades autónomas (Euskadi, Cataluña, Asturias, Castilla La Mancha, Navarra, La Rioja, Extremadura y Cantabria).

Pero, además, el jefe del Consell asegura que también este sábado publicará la resolución para declarar el toque de queda desde las 00.00 horas hasta las 06.00 de la mañana -previsto hasta el 9 de diciembre- y que entre en vigor antes de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). «Ya hemos elaborado una resolución para que mañana (en referencia a este sábado) se pongan en marcha las limitaciones», aseveró en el programa 'Hora 25' de la Cadena Ser.

Horas antes de estas declaraciones desde el Consell ya se defendía que había que aprobar lo antes posible el toque de queda en la Comunitat sin esperar a que haya un consenso estatal sobre un estado de alarma que lo ampare. La resolución de la Conselleria de Sanidad y el documento de la Abogacía de la Generalitat que debía defenderlo ante el TSJ se seguían ultimando este viernes por la noche a contarreloj.

La intención era hacerlo «lo antes posible» para que la restricción nocturna de la circulación y también medidas adicionales para frenar la expansión de la pandemia, como la limitación del número máximo de personas en reuniones sociales, se apliquen cuanto antes a la vista del rápido empeoramiento del número de nuevos contagios (cifra récord de 5.006 en la última semana) y la consecuente presión hospitalaria que sigue al alza (se han doblado los pacientes ingresados por covid-19 en 20 días).

El texto planteaba el problema del encaje legal para restringir un derecho fundamental como la libre circulación pero también se debía de abordar la mejor manera de plantear la medida: si aplicarla de forma inmediata como se hizo con el confinamiento perimetral de Benigànim y pedir después la validación de la medida al tribunal Superior de Justicia o bien, presentar el documento antes.

Finalmente, Puig anunciaba anoche que se publicará hoy para que el toque de queda entre en vigor esta noche de sábado. Y es que los fines de semana y las fiestas que están por venir son uno de los objetivos de la medida restrictiva ya que se busca imposibilitar la celebración de fiestas privadas y botellones, ámbitos de contacto social con amigos donde se producen buena parte de los nuevos contagios.

Las prisas vienen dadas también por el giro, inesperado y rápido, que ha dado la situación epidemiológica en la C. Valenciana. De ser la región con los mejores datos de incidencia de casos acumulados se ha pasado a ser la tercera con mejor IA en 14 días, pero en un contexto en el que el resto de autonomías en comparación están desbocadas. Se está mejor que el resto pero porque el resto están claramente en una situación límite, los datos autonómicos no son buenos. Ayer se volvieron a registrar otros 1.202 contagios, 11 fallecidos y 53 brotes nuevos y la incidencia acumulada había pasado el umbral de los 150 casos por 100.000 habitantes en 14 días y subiendo.

«Dando pasos»

Por la mañana, la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, insistió en lo dicho el jueves por el president y la consellera de Sanidad, Ana Barceló. El cierre nocturno se hacía de forma preventiva para ir «por delante del virus, no a remolque», y para evitar que más adelante se tuvieran que tomar medidas más duras y que tuvieran un impacto económico mayor. Oltra aseguró que la Generalitat no rompe «ningún consenso» por ir «dando pasos» con medidas para proteger la salud y la seguridad de los valencianos mientras se acuerdan medidas globales en España, y admitió que «es posible que los tiempos no sean los mismos» y entienden que «se ha de ir más rápido».

Aunque la C. Valenciana va a ser de las primeras en apostar por su propio toque de queda hasta que el Gobierno de Sánchez decida si hay quórum suficiente, hay otras regiones que ya se han adelantado. En Castilla y León el toque de queda comenzará hoy sábado tras publicarse la orden correspondiente. Eso sí, allí la restricción será desde las 10 de la noche para evitar que, tras la cenas en los restaurantes, los grupos optaran por «seguir la fiesta» en los domicilios.

Mientras, el Ejecutivo central sigue buscando apoyos de autonomías y políticos en el Congreso para decretar un estado de alarma. Hasta ayer, varias regiones habían pedido ya oficialmente que se decretara el estado de alarma, entre ellas Euskadi, Cataluña, Asturias, Extremadura, Cantabria, Castilla-La Mancha, Navarra y La Rioja además de la ciudad autónoma de Melilla.

Una de las principales cuestiones para que el toque de queda «autónomico» llegue a buen puerto y no se quede en flor de un día por no recibir el respaldo de los tribunales de justicia es que encuentre suficiente respaldo jurídico para defender que una autonomía restrinja derechos fundamentales como, en este caso, el de libre circulación sin que haya un estado de alarma, sitio o excepción de por medio, únicas situaciones en las que está previsto.

Hasta ahora, las medidas de restricción de movilidad perimetral que se han adoptado, incluida la de Benigànim, se han basado en las leyes de Sanidad y salud pública en vigor, como la 3/1986 que impulsó Ernest Lluch o la valenciana de 2014 y, salvo una necesaria corrección, recibieron el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia.

Ahora, con un colectivo de personas más amplio y una restricción de derechos más amplia, la Abogacía de la Generalitat está buscando «ayuda extra» en una ley insospechada, la 3/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la covid que se dictó para organizar mejor el trabajo en juzgados ante el colapso que se preveía o dictar medidas de distanciamiento en las salas, por ejemplo, para evitar contagios.

Competencias del TSJ

Esta ley es la que marca, también, que los tribunales superiores de Justicia sean los competentes para pronunciarse sobre las medidas que tomen las autonomías por cuestión de riesgo sanitario. Y es ahí, donde la Abogacía de la Generalitat va a acogerse ya que se entiende que «de forma implícita» la redacción de este artículo en concreto permitiría restringir derechos fundamentales sin estado de alarma, tal como aseguró ayer en rueda de prensa la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.

Así, en el artículo 10.8 se especifica que las salas de lo contencioso de los TSJ «conocerán de la autorización de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria» que se consideren urgentes y necesarias «e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente». Esta será una de las claves del documento que están preparando el Consell y que aún se está ultimando.