El president del Consell y líder del PSPV, Ximo Puig, optó anoche por convocar una reunión de urgencia de la Ejecutiva de su partido en la que propuso apartar al presidente de la Diputación, alcalde de Ontinyent y portavoz de la formación, Jorge Rodríguez, de todos sus cargos tras su detención por corrupción en el estallido de la operación Alquería. Y anunció ya que plantearía el nombre del vicepresidente provincial y también primer edil de Faura, Toni Gaspar, como sucesor en la institución provincial.
Al término de una jornada en la que se sucedieron los registros en el domicilio de Rodríguez y cinco cargos más de Dilvaterra en un despliegue policial que sugirió sospechas de delitos más graves que las irregularidades en contratos, apenas la única información que trascendió, Puig dijo que «la detención de un presidente de la Diputación es perjudicial para el esfuerzo que todos los valencianos y valencianas estamos haciendo para levantar la hipoteca reputacional tras 20 años de gobiernos del PP». Se adelantó, por tanto, a la previsión del secretario federal, Pedro Sánchez, de aplicar el código ético del partido: cese al inicio de la vista oral, y frenó en seco la riada de peticiones de cesar a Rodríguez que ya se había puesto en marcha desde las formaciones de la oposición.
presunción de inocencia // Puig dijo confiar en la «presunción de inocencia» de Rodríguez y que serán los jueces «quienes determinen la responsabilidad». El líder del PSPV destacó que su partido «siempre ha sido contundente ante los casos de posibles irregularidades, cualquiera que sea su naturaleza y así seguirá siendo».
Las drásticas medidas llegaron poco más de doce horas después de que el socialista Jorge Rodríguez fuera detenido junto a otras cinco personas tras la investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre varios contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra en una causa secreta abierta por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. En el origen del proceso están diversas denuncias realizadas desde el Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) y de Ciudadanos.
Los demás arrestados son los cogerentes de Divalterra (la antigua Imelsa), Agustina Brines (de Compromís) y Javier Simó (del PSPV-PSOE); el secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda; y dos asesores, entre ellos el jefe de gabinete de Rodríguez, Ricard Gallego.
Según las estimaciones del Tribunal Superior de Justicia valenciano, Rodríguez, quien ya habrá pasado su primera noche en el calabozo, sus dos asesores y Cuerda pasarán previsiblemente mañana, viernes, a disposición del juez instructor que coordinó la operación Alquería, desarrollada desde las 7.30 horas entre las ciudades de València y Ontinyent.
UN LARGO PROCESO // Divalterra nació como Imelsa en 1995, bajo el mandato del Partido Popular, como empresa de gestión forestal pero con el cambio de gobierno en la Diputación en el 2015 se modificó el nombre, precisamente, para desvincularla de los procesos judiciales del caso Imelsa y se le ampliaron sus competencias para abarcar más áreas.
Pasadas las nueve de la noche Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y Policía Nacional trasladaron al presidente de la Diputación a la sede de esta institución para continuar con los registros iniciados por la mañana, que se sucedieron en los domicilios de todos los arrestados y en el Ayuntamiento de Ontinyent.
