El president de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró que "cualquier persona que entre en un centro de salud o en un hospital de la Comunitat Valenciana va a ser atendida y, en ningún caso, se le va a cobrar ninguna factura sanitaria".

Así se posicionó tras conocerse que el Tribunal Constitucional ha anulado el Decreto Ley 3/2015 de la Generalitat, una de las primeras normas que aprobó el actual Consell y que regulaba el acceso universal a la atención sanitaria a personas extranjeras en situación administrativa irregular.

Puig considera una "profunda inhumanidad" que el Gobierno central no quiera legitimar el derecho que tienen los ciudadanos a una sanidad universal y ha avanzado que se buscarán otras vías para impedir "que se eche a nadie del sistema".

Puig se ha referido así en Castellón a la decisión del Tribunal Constitucional de anular, por invadir las competencias del ejecutivo central, el decreto de la Generalitat que regulaba el acceso universal a la sanidad, una norma que permitía la atención a todos los inmigrantes en situación irregular.

Según Puig, el Gobierno de España está utilizando la vía judicial para "defender posicionamientos políticos injustificables" y considera que "dejar fuera de la sanidad publica a mas de 21.000 personas que ya se han adherido a ella es simplemente un ejercicio de inhumanidad".

"El Gobierno, con sus decisiones, rompe también el espíritu constitucional compartido por la ciudadanía", ha dicho Puig, quien ha reiterado la necesidad de una reforma constitucional para "reforzar el estado federal y autonómico frente a la recentralización que pretende el Gobierno y que esta sentencia avala".