El pleno del Consell aprobó ayer la disolución de la empresa Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, encargada de la construcción de viviendas protegidas, en la que se han detectado “graves irregularidades”, como el “saqueo” de tres millones de euros.

Así lo anunció ayer en rueda de prensa la portavoz del Consell, Mónica Oltra, quien explicó que han puesto en manos de la Fiscalía las irregularidades detectadas por la Intervención de la Generalitat en esa empresa, que lo ha admitido a trámite y ha iniciado un proceso de investigación.

Oltra indicó que esta mercantil se creó en 2004, con un capital social de 600.000 euros y una participación del 49% del Instituto Valenciano de la Vivienda y del 51% de la empresa Urbana Ducat SL. Sin embargo, seis años después, el IVVSA pasó a ser socio mayoritario de la misma, con una ampliación de capital para tener el 51%, y se convirtió en empresa pública, sin la autorización preceptiva del Consell. Asimismo, incidió en que en el 2005 el IVVSA había vendido a la sociedad un solar en Alaquàs, propiedad de la Generalitat, para la construcción de viviendas protegidas; la empresa pidió un préstamo para pagarlo al que no pudo hacer frente, y ahora es la Generalitat la que tiene que asumir esa deuda, que ha cifrado en 3 millones.

“Hemos pasado de tener un solar a perderlo y tener que pagar tres millones de euros”, denunció Oltra, quien destacó que este es el modelo del antiguo Gobierno del PP, un modelo pensado para “desposeer de bienes y recursos a los valencianos” mientras unos “empresarios sin escrúpulos” se llenan los bolsillos.

La vicepresidenta incitó a Les Corts a hacerse eco del asunto y abrir una comisión de investigación, y destacó que la empresa otorgaba contratos de hasta 15 millones a empresas de familiares directos, como hijos o hermanos. Las irregularidades afectan, según Oltra, tanto al proceso de constitución del 2004, como a la ampliación de capital del 2010, que se hizo sin la preceptiva autorización del Consell. H