El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha dado varios pasos adelante en sus exigencias a Madrid. Por un lado, exige a Mariano Rajoy que reforme el sistema de financiación antes de febrero. De otro, quiere que lleguen ya los 1.500 millones de la liquidación del 2016 para evitar una asfixia que impida cumplir con los proveedores. «Sin esos recursos, que son nuestros, no se puede pagar a proveedores», puntualiza.

Puig aboga por no esperar a julio, cuando habitualmente se realiza este pago, para que esos recursos pasen del Estado a la Comunitat. El líder del Consell presidió ayer la reunión de la comisión mixta de seguimiento de la reforma del sistema de financiación, en la que estuvieron presentes miembros de la Generalitat, partidos, sindicatos, empresarios, representantes de la universidades, incluido el rector de la UJI, Vicent Climent, y de distintas administraciones locales.

RECORTE // «No podemos permitir más amenazas ni chantajes», subraya Puig en relación a una reciente comunicación por parte del Ministerio de Hacienda en la que informó de un recorte de 353 millones en la financiación comprometida para la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2018.

Ximo Puig reclama una vez más al Gobierno central que «cumpla con sus compromisos» y ponga en marcha un nuevo modelo de financiación autonómica en las próximas semanas, antes de que se cumpla un año de la última conferencia de presidentes autonómicos (17 de enero).

Todos los portavoces parlamentarios, representantes sindicales y el presidente de la patronal, además del de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias coinciden en destacar la urgencia de una mejora de la financiación para la Comunitat Valenciana. Puig lamenta el «estancamiento» del Gobierno de Rajoy, que «no fija una posición respecto a las propuestas para el cambio del sistema de financiación» e insiste en que «el problema territorial de España no es solo Cataluña», argumenta.

De la mejora de la financiación depende, en opinión del president de la Generalitat, «la viabilidad del autogobierno», y critica al Ejecutivo central por incumplir su compromiso de poner en marcha un nuevo modelo antes de final del ejercicio 2017.

Puig lamenta que no haya una gobernanza «federal» del sistema de financiación y que sea el Gobierno el que decida «lo que toca y lo que no», un hecho que, a su juicio, «genera desafección».

Del lado de los agentes sociales, el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, propone nuevas movilizaciones si no hay una pronta solución al problema de la financiación, mientras que el presidente de la patronal valenciana, Salvador Navarro, lamenta que la infrafinanciación actual «impide sentirse tan españoles como otros», concluye.