El president de la Generalitat, Ximo Puig, consideró ayer que el debate sobre el nuevo nombre de la radiotelevisión pública valenciana, À. es «un debate público que hay que aceptar como tal», si bien recordó que el Consell es «absolutamente escrupuloso» con la autonomía del consejo rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.

Así lo apuntó, tras el acto de adhesión de los órganos estatutarios al código de buen gobierno, y después de las críticas de PP y Cs, que denunciaron que «se identifica con un eslógan del independentismo catalán».

«Este es un debate público que hay que aceptar como tal y supongo que el consejo rector atenderá las distintas circunstancias», afirmó. Desde el Consell, dijo, este debate se contempla «desde la autonomía» del ente rector de la Corporación Valenciana de Medios Audiovisuales. «Que me guste o no me guste no creo que sea muy relevante», consideró, al tiempo que dijo que «afirmar una cosa o la contraria» sobre el nuevo nombre supondría introducirse «en un espacio que no corresponde, por respeto la autonomía del consejo rector».

En la misma línea, la vicepresidenta Mónica Oltra puso en valor que la designación de À. fue aprobada por «unanimidad» por el consejo rector. Sobre el nombre, opinó que «habrá que irse acostumbrando». E incidió en que «hubiera sido bonito no tener que poner nombre a una nueva televisión y radio porque no se hubiera cerrado la anterior.

Sobre la denominación, Oltra añadió que «es una expresión muy valenciana, muy usada y ya veremos como cae entre la gente y cómo reaccionan los valencianos, que han de tener la palabra». «A punto estamos de ver cómo reacciona la gente. Puede dar mucho juego», concluyó.

En otro orden, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación de tres extrabajadores de RTVV que reclaman que se les reconozca la condición de empleados públicos y la inamovilidad para que la Generalitat les adjudique otro destino.

FUNCIONARIOS / El recurso pretende que el Supremo declare la vulneración del derecho constitucional a la igualdad en el acceso a la función pública. Los tres llevaban trabajando desde 1989, tras superar un concurso oposición, y en febrero del 2015 la Conselleria se desestimó su petición.