El siguiente paso tras la sentencia conocida ayer, primera que tiene que ver con la trama valenciana del caso Gürtel, compuesta por seis piezas separadas, es el juicio que tiene previsto comenzar el 13 de marzo, que se ocupa de tres de ellas.

En la vista, se sentarán en el banquillo 20 acusados, entre ellos cinco excargos del PPCV, incluidos los castellonenses Ricardo Costa y Vicente Rambla, por delito electoral y falsedad en las elecciones autonómicas y municipales del 2007 y las generales del 2008, así como por delitos de carácter fiscal.

Acuerdo con empresarios

Entre los investigados, se encuentran nueve empresarios de los que siete, precisamente ayer, firmaron un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para ser condenados a penas inferiores a dos años, sustituibles por multas, a cambio de confesar que financiaron ilegalmente al PPCV en campañas electorales. Otros dos, también acusados en esta causa, tienen previsto suscribir el próximo lunes este mismo acuerdo para eludir la cárcel.

Dificultad probatoria

En el caso de dos de las empresas que suscribieron el acuerdo, las castellonenses Grupo Gimeno y Lubasa, la Fiscalía ha rebajado la petición inicial del TSJCV de 6 años de cárcel a ninguno, tras reconocer la dificultad probatoria de los hechos.

Entre los argumentos para que Anticorrupción haya firmado estos pactos, por los que los empresarios castellonenses solo tendrán que pagar una multa, se encontrarían la ausencia de antecedentes penales o expedientes de dificultades para contratar con las administraciones públicas, es decir, no hay inhabilitación, ni delito penal para ninguna de las dos compañías de la provincia. En cuanto a la multa económica, asciende a 150.000 euros, una cantidad menor que aquella que la Fiscalía consideraba que habrían aportado para la financiación presuntamente irregular del Partido Popular.

Defensa del fiscal general

En relación con el acuerdo, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, defendió ayer en Valencia que los pactos como el que ha llegado la Fiscalía Anticorrupción en estas piezas sobre la financiación ilegal del PP en la Comunitat del caso Gürtel están «dentro del marco de la legalidad».

Maza respondió así a preguntas de los periodistas sobre las críticas que puede suscitar este acuerdo para confesar a cambio de una rebaja de sus penas que les evite entrar en prisión, y recalcó que «las actuaciones de la Fiscalía siempre son dentro de lo que permiten las leyes y no hay nadie que se extralimite».

La visita del Papa en 2006

Además de las tres piezas que se juzgarán ya en marzo, quedan otras dos de la rama valenciana de la Gürtel, que fueron abiertas en febrero del año 2013 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana: la 4, sobre las contrataciones de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) para la visita del Papa en el 2006; y la 5, sobre las contrataciones de la Generalitat con la trama, a excepción de las de Fitur.

Sobre la primera de estas, ha investigado la presunta prevaricación y cohecho en la contratación de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) con la mercantil Teconsa para el alquiler de pantallas, sonido y megafonía con motivo de la visita del Papa a Valencia en el año 2006, así como la posible percepción de dádivas por esos contratos por parte del entonces director general de RTVV, Pedro García. El Supremo confirmó en su día que la Audiencia Nacional es la competente para juzgarla.

Contratos de la Generalitat

En la segunda pieza pendiente, la investigación se centra en un supuesto delito de prevaricación en las contrataciones entre la Generalitat y Orange Market y las sociedades del grupo Correa del 2004 al 2009, salvo lo relacionado con la causa de la Agencia de Turismo y Fitur. Esta pieza, fue la segunda cuya instrucción acabó, en julio del 2015, con 27 procesados, entre los que también se encuentran tres exconsellers, diversos exaltos cargos de varias conselleries y la cúpula de Gürtel.