La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia admitió un recurso de la Abogacía de la Generalitat y ordenó la reapertura de la causa en la que se investigan supuestos pagos irregulares a personal liberado de la Federación de Centros de Enseñanza, que habría cobrado como profesor. Según el auto, «se aprecian indicios de criminalidad derivados del hecho de haber firmado contratos simulados con cinco personas» de esta patronal de la concertada.
