Los partidos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) y el PP unieron sus fuerzas ayer en Les Corts Valencianes para dar luz verde a la tramitación de una proposición de ley para modificar la Constitución con el objetivo de recuperar el derecho civil valenciano, mientras que Vox y Ciudadanos han votado en contra.

Firmada por los cuatro grupos, esta iniciativa, que en el caso del PSPV-PSOE fue defendida por el diputado castellonense Ernest Blanch, plantea añadir un segundo párrafo a la disposición adicional segunda de la Carta Magna que indique que «la competencia legislativa civil de las comunidades autónomas, asumida a sus propios estatutos conforme al artículo 149.1.8 de la Constitución, se extenderá a la recuperación y la actualización de su derecho privado histórico de acuerdo con los valores y los principios constitucionales».

Blanch abogó por un texto que permitirá conseguir la competencia que «niega el TC» y poder sacar adelante «leyes más avanzadas» en materia civil que «den respuesta a los problemas actuales». «Es una aspiración legítima», señaló, para asegurar que no se pretende ser «más que nadie, pero tampoco menos que el resto».

Jesús Pla (Compromís) valoró el «hecho histórico» que supone que los cuatro partidos se hayan puesto de acuerdo en esta iniciativa, que recurre a la reforma constitucional tras la decisión del TC. Por su parte, el popular José Císcar señaló que la iniciativa «no es ningún capricho» y «con una mínima reforma constitucional se puede hacer realidad una gran aspiración». «No perjudica a nadie y beneficia a muchos, no tiene coste económico. ¿En qué nos puede perjudicar tener capacidad legislativa para dar respuesta a problemas cotidianos?», preguntó ayer a los diputados contrarios a la propuesta.

Desde Unides Podem, Estefanía Blanes resaltó que esta es una oportunidad para «corregir un agravio que debería estar solucionado desde hace muchos años», mientras que la diputada de Ciudadanos Mamen Peris criticó que la iniciativa es «un buen eslogan, pero difícilmente se puede recuperar lo que no se tiene desde hace tres siglos» y vaticinó que «se quedará parada en Madrid».

Por último, José María Llanos (Vox) justificó su negativa en que su partido defiende que todos los españoles «sean iguales ante la ley, con los mismos derechos y obligaciones» y, dado que defiende la devolución de competencias al Estado, no puede «apoyar más autogobierno».