El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra varios artículos de la ley de designación de senadores en representación de la Comunitat Valenciana, que se aprobaron en octubre del 2016 tras la implicación en el caso Taula de la fallecida exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, que era, precisamente, senadora territorial, y a la que se pretendía revocar desde Les Corts.
En su momento, el PSPV solo dio su visto bueno a las modificaciones por «lealtad» al pacto de Gobierno con Podemos, impulsor de la nueva norma, pero dejó claro que no participaría activamente para reprobar a ninguno de los senadores territoriales.
suspensión // Según la resolución que publicó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el recurso de inconstitucionalidad el Gobierno invocó el artículo 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso, el pasado 27 de julio, para las partes.
Asimismo, el Tribunal Constitucional establece que se suspende la vigencia de esos artículos para los terceros desde la publicación del edicto en el BOE.
El Consejo de Ministros aprobó interponer un recurso ante el Constitucional contra determinados apartados de esta ley valenciana, que introduce la posibilidad de que Les Corts revoquen cualquier nombramiento como senador en representación de la comunidad autónoma.
Según el Gobierno, esta posibilidad vulnera la prohibición de mandato imperativo que consagra la Constitución y coloca al senador «en una relación de sujeción especial» respecto del Parlamento autonómico, que puede revocar su designación en caso de pérdida de confianza. Además, esta ley también establece la obligatoriedad de comparecencia de los senadores en la Asamblea autonómica para informar sobre temas parlamentaria.
La modificación aprobada, propuesta por Podemos, establece que el procedimiento deberá ser iniciado por un mínimo de dos grupos parlamentarios que representen al menos una décima parte de Les Corts, y ser aprobada por dos tercios de la Cámara, y sin oposición del grupo que propuso al senador.
