El alcalde de València, Joan Ribó, afirmó ayer ante el juez que no se negó, sino que se retrasó, la entrega de información al PP de una encuesta sobre las Fallas, porque lo permite el reglamento orgánico del pleno municipal y para facilitar la defensa ante un expediente abierto por la Agencia de Protección de Datos. Ribó declaró como investigado durante unos 40 minutos en el Juzgado de Instrucción 9 de València por supuesta prevaricación administrativa e impedimento de los derechos cívicos, tras denunciar un asesor del PP en el Ayuntamiento de València que les negó el expediente de la encuesta sociológica sobre las Fallas elaborada en el año 2017. El alcalde, quien no respondió ni a las preguntas del denunciante ni del PP -ejercen la acusación particular y popular- declaró que la actuación del consistorio valenciano en esta cuestión fue siempre «legal».
