La consellera de Vivienda, María José Salvador, anunció ayer que el Consell va a crear un marco legal, a través de la Ley de Acompañamiento, para que una vez resueltos «miles» de expedientes pendientes de las ayudas del plan estatal de vivienda 2005-2008 y 2009-2012, se puedan reconocer las obligaciones y abonarlas.

Salvador, que compareció en Les Corts a petición del PP, recordó que el actual Consell «encontró en un cajón más de 1.400 expedientes de ayudas a la vivienda sin resolver, por valor de más de 60 millones, que habían quedado paralizados por instrucción de la consellera Isabel Bonig».

«El anterior gobierno, cuando se encontró con la imposibilidad de seguir tramitando más ayudas, que había convocado sin consignación presupuestaria, decidió realizar una instrucción interna para que todos los expedientes de concesión de ayudas en tramitación, independientemente de la fase en la que se encontraran, se resolvieran de forma negativa por falta de recursos económicos», indicó Salvador. «Sin embargo, ante la falta de cobertura legal, los servicios territoriales de la Conselleria no acataron esta instrucción y, como consecuencia, estos expedientes quedaron paralizados», agregó.

La consellera también fue preguntada sobre medidas para combatir los desahucios y las medidas para garantizar el derecho a la vivienda. «No tenemos competencias jurídicas para obligar a los bancos a que cedan sus viviendas, ya quisiéramos, pero agradecemos a las cajas que se han adherido a declaraciones de intenciones o moratorias sobre desahucios», respondió. H