La exsecretaria general de Administración de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, Agustina Sanjuán, negó ayer que se concediese trato de favor hacia las empresas que resultaron adjudicatarias de 9.000 plazas residenciales para dependientes en 2003. Sanjuán, condenada a seis años por malversar ayudas destinadas a cooperación, declaró por videoconferencia desde la prisión en la que cumple condena, en la comisión de investigación, sobre el proceso de adjudicación de residencias para personas dependientes, en concreto las del grupo Savia.
Este grupo empresarial estuvo formado por diez constructoras, entre ellas las de la familia de Juan Cotino y del empresario Enrique Ortiz, ambas procesadas por supuesta financiación ilegal del Partido Popular. H
