La Comisión de Educación del Senado aprobó ayer una moción en la que insta al Gobierno a que valore la posibilidad de interponer un recurso contra el decreto valenciano del plurilingüismo.
La moción del PP, enmendada por Ciudadanos, insta al Gobierno a que «continúe velando para que en la Comunitat se garantice una oferta educativa plural y la libertad de los padres en la elección de centro para sus hijos». Asimismo, se ha incorporado una enmienda de adicción de Ciudadanos en la que se pide al Ejecutivo que «valore la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto ley 3/2017 de plurilingüismo, por el que se adoptaron medidas urgentes para la ampliación durante el curso 2017-18 de los proyectos lingüísticos de centro». La iniciativa ha sumado 16 votos a favor, 8 en contra y una abstención.
El senador de Cs, Luis Crisol, critica que «es inadmisible que, con el objetivo de burlar la suspensión judicial que pesa sobre dicho decreto, el Consell haya adoptado uno nuevo que vulnera los derechos de los alumnos valencianos». «Hace ya mucho tiempo que Ciudadanos lleva advirtiendo al Gobierno de esta ilegalidad; por eso, pedimos garantizar los principios de equidad y de igualdad de oportunidades en virtud de las políticas de inmersión lingüística», reseña el senador de la formación liberal.
Por su parte, la senadora del PP Marta Torrado, subraya que, una vez más, la Comunitat está «en el punto de mira» por las actuaciones que se están llevando a cabo en materia educativa.
La senadora se refiere a la retirada, hace unos días, del decreto del «chantaje lingüístico» del conseller Vicent Marzà y considera que ha sido «una victoria de la sociedad valenciana, los padres y de los tribunales frente a la imposición y el sectarismo educativo del Consell», argumenta.
Por otro lado, Torrado critica que la Generalitat valenciana endurezca las condiciones y el aumento de ratio media en el Bachillerato dentro de estos centros.
Frente a estas acusaciones, los senadores de Compromís, cuyo partido participa en el Gobierno de la Generalitat valenciana, tildan de «falsas e injustas» estas acusaciones y asegura que se ha bajado la ratio incluso en los centros concertados, «frente a la caza y captura contra la pública producida durante el Gobierno del Partido Popular».
