La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de hasta cuatro años de cárcel para la cúpula del Banco de Valencia por un delito societario de falsedad que presuntamente habrían cometido maquillando las cuentas del 2009 y el 2010 para ofrecer una imagen de solvencia que no se correspondía con la realidad de un agujero de 20 millones de euros en una entidad mermada por la crisis y una política expansiva de «escasa prudencia» y «elevado riesgo».
En concreto, la Fiscalía Anticorrupción acusa a 14 personas físicas y 12 personas jurídicas como los responsables civiles subsidiarios por delito societario continuado de falsedad. Solicita cuatro años y medio de prisión para el expresidente del banco José Luis Olivas y su exconsejero delegado Domingo Parra, y entre tres años y dos años y seis meses de cárcel para el resto de consejeros. La Fiscalía concluye que debido a ese maquillaje los accionistas «mantuvieron la confianza en la sociedad, lo que produjo la cuasi pérdida íntegra de sus inversiones», porque solo cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores suspendió la cotización del banco, el 7 de noviembre de 2011, dos semanas antes de su intervención, pudieron conocer su «situación real», una fecha «demasiado» tardía para tomar alguna decisión informada sobre sus «intereses». En caso de sentencia condenatoria, deberán responder con su patrimonio para indemnizar a los accionistas.
