El Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha citado como investigados a tres miembros de la mesa de contratación que adjudicó durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero un contrato de publicidad del plan Vivienda 2009/10 --del Ministerio dirigido entonces por Beatriz Corredor-- que podría haberse utilizado para la financiación irregular del PSPV y del Bloc.

El tribunal ha citado el 11 de mayo a Rosario G.V. y Sandra S.F, presidenta y secretaria de la Mesa de Contratación; y a José María A.G., el interventor que presumiblemente autorizó el pago y que formaba parte como vocal de la mesa, según ha informado el TSJ de Madrid. En la causa se investigan presuntos delitos de prevaricación y malversación en un concurso de publicidad del plan, adjudicado a la empresa de comunicación Crespo Gomar por 126.208 € en enero del 2009.

VARIOS CONTRATOS // La causa llegó a Madrid después de que la titular del juzgado nº 21 de Valencia se declarara no competente para proseguir con la investigación que había iniciado, al constatar que los presuntos delitos no se habrían cometido en Valencia, motivo por el cual se inhibió en favor de los juzgados de Gandia, Benidorm y la capital de España.

Las adjudicaciones presuntamente fraudulentas tuvieron como beneficiaria a la agencia de comunicación Crespo Gomar y entre ellas se encuentra la que hizo el Ministerio de Vivienda para publicitar el plan Vivienda 2009/10. Además de este contrato, se investigan otros adjudicados a empresas del mismo grupo desde los citados consistorios de Gandia y Benidorm bajo gobiernos socialistas, y otros firmados con los ministerios de Sanidad (con Bernat Soria) y Medio Ambiente (Cristina Narbona), a través de las empresas Acuamed y Aguas del Júcar.

La jueza de València consideró que «indiciariamente» podría tratarse de un caso de financiación irregular del PSPV-PSOE y Bloc-Compromís, además de hechos constitutivos de falsedad documental con carácter continuado, prevaricación y/o malversación.

«Para lograr el fin, Crespo Gomar facturaría unos servicios a dichas formaciones políticas durante la campaña electoral del 2007, de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios mediante facturas falsas, coincidentes en sus cuantías con las presentadas por Crespo Gomar», expuso la jueza en su auto, además de hacer referencia a un informe que ella misma encargó a la Intervención General del Estado que constató irregularidades en la «práctica totalidad» de las contrataciones analizadas.

Todos ellos estaban en relación a contratos adjudicados a Crespo Gomar desde el Ayuntamiento de Benidorm en el año 2010, el Ministerio de Vivienda (2009) o de Medio Ambiente (2007), en todos los casos desde Administraciones controladas por el PSOE.