La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat Valenciana ha llevado tradicionalmente colgado el sambenito (injustificado, en opinión de las empresas que prestan este servicio público privatizado) de tener el coste más elevado de España. Un informe de la asociación de consumidores Facua, hecho público ayer, incide en esa dirección.

Según la tabla comparativa de precios que pagan los conductores en las distintas comunidades autónomas, la ITV para los turismos con motor gasolina están en estos momentos entre las más caras. Los 40,05 euros por las pruebas generales, a los que habría que añadir casi tres euros de la prueba de control de sonido, que únicamente es obligatoria en la C. Valenciana, y la tasa de tráfico, de 4,10 euros, común en todo el país, deja la tarifa en los actuales 47,08 euros. Solo Euskadi tendría un coste mayor (44,48 euros más la tasa común de 4,10 euros), con la salvedad de que en ese territorio la segunda inspección en caso de rechazo es gratuita si se realiza los 30 días siguientes en la misma estación, según el informe de Facua.

Este aumento en la C. Valenciana es consecuencia directa del cambio tarifario producido en mayo de este año, después de que el Tribunal Superior de Justicia anulara las anteriores tarifas y la Conselleria de Economía tuviera que reformularlas. La nueva tabla de precios incorpora una subida del 7,1% para los gasolina, la mayor de España con mucha diferencia.

Andalucía (35,4 euros), Aragón (37,22), Asturias (35,5), Mallorca (32,83), Canarias (33,10) o Cataluña (36,42), entre otras, tienen precios más bajos para los gasolina (ver tabla adjunta), cantidades a las que hay que sumar los citados 4,10 euros de la tasa de tráfico.

Pero no todo han sido malas noticias este año. Del mismo modo que ha subido para los gasolina, en 2019 la inspección periódica para los vehículos diésel ha caído un 9,3%, el mayor descenso de España. De este modo, el precio final se ha quedado en 51,16 euros, incluyendo la tasa de tráfico y la sonometría.

Pese al descenso, la ITV valenciana para los diésel sigue entre las más caras, aunque otras como Madrid, Murcia, Baleares o Cantabria tienen mayor coste para el consumidor.

Según Facua, pasar la prueba en una u otra comunidad puede suponer una diferencia para el bolsillo de hasta el 74,4 % en los turismos de gasolina y del 98,8 % en los de diésel. El precio medio en las comunidades autónomas es de 35,44 euros para los turismos de gasolina y de 42,11 euros para los diésel, sin contar con la mencionada tasa de Tráfico, de 4,10 euros para todas las inspecciones.

Con este escenario, lo cierto es que la relación entre la administración y las empresas concesionarias de este servicio público externalizado distan mucho de ser fluidas. El Botànic lleva desde el cambio de gobierno de 2015 presionando para conseguir una rebaja de los precios que abonan los ciudadanos.

Sin embargo, el TSJ de la C. valenciana dio en 2017 la razón a la patronal y anuló la rebaja de tarifas que se había impuesto en 2014.

Eso ha tensado la relación. Las empresas han pedido a la Conselleria de Economía 80 millones de euros como compensación por el dinero no ingresado durante las años anteriores.

Con todo, las empresas también van a impugnar esta última reformulación de las tarifas, al entender que la conselleria cometió un error de cálculo, situando los precios en el nivel de hace 15 años. Según traslada la patronal, el ingreso medio que reciben por inspección es diez euros menor al que le atribuye Economía. Con sus cálculos, el dinero que dejan de ingresar cada año y que pretender reclamar es de 20 millones al año.

Mientras tanto, el conseller Rafa Climent ya ha puesto en marcha los trámites para recuperar la gestión de las empresas, a partir de enero de 2023.