El juicio contra el exconseller del PP Rafael Blasco y otras 23 personas por el supuesto desvío de cerca de cinco millones de euros de fondos destinados a proyectos de cooperación internacional ha quedado visto para sentencia este lunes en la Audiencia Provincial de València.
En el último turno de palabra para los acusados, Blasco ha afirmado que nunca ha formado parte de una trama delictiva de "ninguna clase", ha negado haber recibido dádivas y haber participado en irregularidades administrativas en los expedientes de Cooperación y se ha declarado insolvente, según han informado fuentes cercanas al caso.
El exconseller fue ya condenado en 2014 junto a otros ex altos cargos del Consell y demás integrantes de la trama corrupta a seis años y medio por delitos de malversación y falsedad documental en la primera pieza del caso Cooperación, ingresó en prisión en junio de 2015 y obtuvo el tercer grado penitenciario el pasado mes de enero.
En el proceso que ha quedado hoy visto para sentencia, tras una vista oral de tres meses, se han enjuiciado las piezas dos y tres del caso Cooperación, por el desvío de cerca de 5 millones de euros inicialmente destinados a 11 proyectos en países empobrecidos, entre ellos la construcción de un hospital en Haití tras el terremoto de 2010.
El juicio estuvo marcado en su inicio por los acuerdos de conformidad alcanzados por las acusaciones con 17 de los 24 procesados, entre ellos el exconseller Rafael Blasco y el empresario Augusto César Tauroni, además de Marc Llinares, Arturo Tauroni y Alina Lisenko.
En el caso de Blasco y el empresario Augusto César Tauroni, la Fiscalía reducía la petición inicial de penas de cárcel de 16 y 22 años de cárcel respectivamente a tres años y medio.
Blasco reconocía en el acuerdo haber cometido los delitos de malversación de caudales, prevaricación y falsedad en la trama de altos cargos de la Administración y empresarios que supuestamente desvió cinco millones de euros públicos destinados a proyectos solidarios, y aportó además dos bienes inmuebles tasados en unos 800.000 euros con los que resarcir su responsabilidad civil.
Por su parte, el empresario Augusto César Tauroni, máximo responsable de la Fundación Hemisferio, admitió la comisión de la totalidad de los hechos y se conformó con la imposición de las penas de tres años y seis meses de prisión y una multa de 40.000 euros, frente a los 22 años de cárcel que pedía inicialmente.
En sus conclusiones finales, el fiscal Anticorrupción ha mantenido su postura de rebajar las condenas a los principales acusados según el pacto inicial y ha criticado la "insistente intención", en su opinión, de las defensas para invalidar el juicio por "cosa ya juzgada" y pedir su nulidad, en un intento, a su juicio, de manipular la realidad.
Por su parte, la Abogacía de la Generalitat, consideró que en las conformidades alcanzadas con los acusados no podía aplicarse el atenuante de aceptación de los hechos, ya que fue una confesión "tardía", que no aportaba nada a la causa, fue aceptada por los acusados porque "no les quedaba más remedio", y cifró en 5,3 millones de euros la responsabilidad civil de los acusados.
Para la Coordinadora Valenciana de ONGD, personada como acusación popular, la vista ha confirmado que la trama funcionaba de forma organizada y coordinada, como una "banda criminal", y ha mantenido su argumento de que tanto Blasco como la mayoría de acusados han reconocido los delitos, por lo que se tendría que ajustar las penas a la gravedad de los mismos.
