El levantamiento del sumario del caso Erial, en el que la Guardia Civil considera al expresident de la Generalitat y exministro, Eduardo Zaplana, como el supuesto máximo responsable de una trama corrupta que cobró 10,5 millones de euros en comisiones irregulares, convirtió al antiguo jefe del Consell en el protagonista de un tenso intercambio de opiniones en Les Corts entre el president Ximo Puig y la jefa de la oposición, la popular Isabel Bonig.

Puig aseguró que los dirigentes del PP deberían sentir «vergüenza» al dirigirse al resto de parlamentarios, después de que la «corrupción» de este partido «vuelva a ser primera página de muchos medios de comunicación en España». El jefe del Consell reprochó a Isabel Bonig que ahora la política «sin complejos» de ese partido --frase muy utilizada por la dirigente de la Vall d’Uixó-- es «la política sin vergüenza».

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA // En su turno de respuesta, la portavoz popular reclamó a Puig «la misma presunción de inocencia que el PP tiene con el expresidente de la Diputación de Valencia y candidato socialista a la alcaldía de Ontinyent, Jorge Rodríguez», quien estuvo detenido en el marco de la operación Alquería.

«Si se demuestra su responsabilidad, que todo el peso de la ley caiga sobre él, pero primero presunción de inocencia», reclamó Bonig en alusión a Zaplana, aunque no lo citó directamente.

Por su parte, el portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, recordó que su formación ya había denunciado «en numerosas ocasiones» que varios familiares del exconseller Juan Cotino --también investigado junto a sus sobrinos-- obtuvieron «beneficios millonarios de las ITV».

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera a Zaplana «el jefe» de una red corrupta que habría cobrado 10,5 millones en comisiones solo de los negocios de los negocios de Vicente y José Cotino, los dos sobrinos del exconseller popular.

La jueza instructora apunta en el sumario de la causa que Zaplana «presuntamente se valió en su día del cargo que ostentaba haciendo partícipes al resto de los investigados, pues los necesitaba para que desempeñaran determinados papeles, beneficiándose a su vez» de la supuesta trama.

Asimismo, los investigadores sostienen que el exministro es actualmente beneficiario de bienes y fondos que tienen su origen en los pagos que varias mercantiles del grupo Sedesa, entre otras, realizaron a empresas radicadas en Luxemburgo tras ser beneficiarias de las adjudicaciones con ocasión de la concesión de la explotación administrativa de uno de los lotes de la ITV y de varios parques eólicos de la Comunitat Valenciana.