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la oposición tacha la norma de "inconstitucional"

El Botànic saca adelante el decreto de Dalmau con todo el sector inmobiliario en contra

El tripartito ratifica la polémica medida para ampliar el parque público de vivienda

 

El conseller de Vivienda y vicepresidente segundo de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau, durante su intervención ayer en el pleno de Les Corts. - CORTS VALENCIANES

DAVID DONAIRE / CASTELLÓN
16/07/2020

Por un escueto margen de diferencia (51 votos a favor y 47 en contra), el Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem) logró ayer sacar adelante el polémico decreto para ampliar el parque público de vivienda, que Les Corts validaron a pesar de contar con el rechazo de todos los sectores implicados como la construcción, inmobiliario, notarios y la oposición política en bloque (PP, CS, Vox). 

Prueba de las dudas que genera esta propuesta --impulsada por el conseller y vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau-- en el seno del propio Consell es que el síndic socialista, Manolo Mata, reiteró ayer en su intervención que «hay que mejorarla», pese a que destacó la lealtad de los tres grupos, «aunque todos tienen opinión».

El decreto, que según Dalmau era un «imperativo social» y diferencia entre quienes «trabajan por la gente que necesita un techo y los que lo hacen por la gente que hacía negocio» con estos bienes, contempla la adquisición de 218 viviendas --95 de ellas habitadas-- mediante el derecho de tanteo y retracto para «frenar los movimientos especulativos» y en la que herencias y donaciones de padres a hijos están «excluidas». «Supondrá un punto y aparte en las políticas de vivienda, porque nunca antes la Generalitat había ejercido este derecho en inmuebles».

Opinión bien distinta causa la iniciativa en la oposición, que anunció que la recurrirán. El PP califica el decreto de «inconstitucional» y considera que es «una chapuza en forma y fondo mal redactada y con vacíos legales». Ciudadanos, por su parte, urge al Botànic a «volver al sentido común» tras un «decretazo mordaza y sectario», mientras que Vox lo tacha como un «panfleto comunista con el que usurpar vivienda».

El optimismo con esta medida «histórica» de la que sacó pecho Dalmau choca con el aviso lanzado desde los sectores asociados a la vivienda, que, como ha publicado Mediterráneo, advierten de la falta de seguridad jurídica y la paralización de las operaciones de compraventa de pisos que implica. Pese a la petición de inmobiliarias y constructores de rediseñar la norma y tratarla como un proyecto de ley para incluir modificaciones que ayuden a solucionar las trabas que genera, el conseller defendió la necesidad de lanzarlo como decreto por la urgencia ante el aumento de la pobreza.

Ante las críticas por el supuesto intervencionismo que se deriva de los derechos de tanteo y retracto, Dalmau considera que la injerencia de la Generalitat debe ser «la mínima e imprescindible» en ese sentido, limitando este ejercicio a las zonas donde hay necesidad de vivienda, que serán declaradas por la administración en base a informes técnicos, junto a otras novedades como que los municipios puedan crear o ampliar su parque de vivienda pública.

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