El caso Cifuentes y compañía ha puesto de manifiesto lo que ocurre cuando una institución pública se crea y se gestiona para el uso y disfrute de un gobierno y de su partido. Al final, la universidad ve mermada su credibilidad, los ciudadanos las condiciones de inclusión, igualdad y calidad que esperan de sus impuestos. Mientras unos no pueden pagar un máster, otros tienen el título sin hacerlo. Esta es la razón por la que debemos disponer de una infraestructura ética que potencie las buenas prácticas y sea capaz de prever y denunciar las malas. En nuestra Universidad Jaume I hemos avanzado en la definición de este andamiaje ético, en los mecanismos que deben garantizar un buen gobierno universitario.
En primer lugar, hemos aprobado un código ético donde encontramos los valores que deben orientar nuestras actuaciones y las conductas que debemos seguir. Estas normas afectan por igual a los tres estamentos que conforman la comunidad universitaria: estudiantes, personal de administración y profesorado. Por supuesto, las primeras conductas se dirigen al gobierno universitario, estando la ejemplaridad a la cabeza de las mismas, seguidas de la transparencia y la participación. Esta es nuestra idea de un buen gobierno. Alguien puede pensar, y con razón, que la lengua no tiene hueso, que es muy fácil decir una cosa y hacer otra. Pues bien, sepan que somos la única universidad de España que tiene un sistema para controlar el cumplimiento de este código ético. Responsabilidad implica autorregulación. La próxima semana les cuento cómo lo hacemos.
*Catedrático de Ética
