Las declaraciones del ministro en funciones Cristóbal Montoro a raíz del incumplimiento del objetivo de déficit han reabierto el debate sobre un modelo de financiación autonómico que debe ser objeto de una profunda revisión pues genera importantes conflictos y desigualdades.
Miren, Cataluña y Madrid son las comunidades que más peso aportan al PIB nacional; le sigue Andalucía y en cuarto lugar se sitúa la Comunitat Valenciana.
Sin embargo, si nos fijamos en el PIB per cápita, uno de los principales indicadores que miden la calidad de vida y riqueza de un territorio, el ranking varía de manera sustancial, especialmente en el caso de la Comunitat, que pasa a la undécima posición muy por debajo de la media nacional.
Esta evidente asimetría debería estar cubierta, en parte, por el actual sistema de reparto de fondos autonómicos a fin de garantizar unos servicios públicos de calidad cuyas competencias tiene transferidas la Comunitat y que son la base del estado del bienestar; pero esto no es así.
En el actual modelo de financiación, las comunidades reciben ingresos por tres vías: impuestos compartidos, impuestos cedidos y una serie de fondos que pretenden garantizar un reparto equitativo de los recursos. Se trata de un modelo extremadamente complejo y en el que los criterios de reparto de los Fondos de Garantía son poco racionales.
Resulta indispensable, por tanto, definir unos nuevos criterios de reparto, mucho más claros y con una vinculación más directa con aquellos indicadores que mejor reflejen la realidad social. A mi modo de ver, la población y la renta per cápita de cada territorio son los que mejor cumplen este cometido. H
