Muchos pensamos que una reforma constitucional es necesaria y conveniente. Pero ya lo pensábamos antes del disparate independentista. Modificar el modelo territorial y la financiación era y es una prioridad porque afecta a la justicia, a los mínimos necesarios para que todos los ciudadanos españoles puedan llevar una vida digna. Todos deben tener los mismos recursos y las mismas oportunidades. Y esto es lo que no ocurre. Pongamos un ejemplo.
Estos días se ha presentado el informe Arope 2017 sobre el riesgo de pobreza y exclusión social en España, realizado por la sección española de la Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Los resultados son demoledores. En España 12,9 millones de ciudadanos se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, ni más ni menos que un 27,9% de la población. El séptimo por la cola de los 28 países europeos. Toda una vergüenza.
Pero la cosa es aún peor cuando comparamos unas comunidades con otras. Mientras que Navarra se encuentra a la cabeza con un riesgo de pobreza del 13%, el País Vasco del 15,9% y Cataluña del 17,0%, la Comunitat Valenciana está en el 30,5%, Canarias en un 44,6%. De nada sirve cambiar el modelo territorial si siguen habiendo autonomías de primera, segunda y tercera categoría. Si el horizonte es un federalismo asimétrico, ¿para qué cambiar? A no ser que pensemos que para que todo siga como está es necesario que todo cambie, incluso las fronteras. No estamos hablando de genes y banderas, sino de pobreza y distribución de recursos. ¿Saben qué autonomía es la que más ha privatizado la sanidad en los últimos años?
*Catedrático de Ética
