El Gobierno lo tiene claro: los macrobotellones deben acabar. O lo que es lo mismo, la fiesta de las paellas de la UJI peligra tal y como se entiende en la actualidad, con 6.000 universitarios en el recinto del campus bebiendo y pasándolo bien. La futura ley de alcohol y menores, que está siendo muy mediática, establece no solo que quedan prohibidos los llamados botellódromos, sino que postula un consumo cero hasta los 18 años, obligará a soplar a los que cacen consumiendo alcohol en la vía pública y se contemplan también multas para los padres cuyos hijos menores de edad sean pillados bebiendo, uno de los puntos más polémicos de la norma.

Como si fuera (casi) una sola voz, la comisión mixta Congreso-Senado para el estudio del problema de las drogas aprobó el martes el informe que será el germen de esta nueva ley antibotellón. Con 70 folios, el texto, coordinado por la diputada del PP Carmen Quintanilla, ha recibido el visto bueno de todos los grupos parlamentarios, menos el PNV y ERC, que, pese a su abstención, respaldan lo esencial del redactado.

El texto, elaborado con las aportaciones de todos los partidos tras intervenir 38 expertos del mundo sanitario, farmacéutico, educativo, académico, civil o asociativo, será remitido ahora al Ministerio de Sanidad, que elaborará un proyecto de ley que prevé tener listo a lo largo de este año, según el departamento de Dolors Montserrat.

Aún queda tramitación, pero en Castellón ya se deja sentir. De salir adelante, hace que la fiesta de paellas, que se celebra cada mes de febrero, coincidiendo con el aniversario de la Universitat, penda de un hilo, o deberá cambiar sus formas. «La fiesta seguirá, pero deberá adecuarse a la ley», asegura Jorge Ribes, presidente del Consell de l’Estudiantat de la Jaume I.

«Una fiesta que va más allá»

Lo tiene muy claro. «No será el fin de las paellas, porque es una fiesta que va más allá, es una cita de hermandad, y se acoplará a la ley». «Buscaremos alternativas, como no dejar entrar alcohol al recinto o instalar unas barras, como en los festivales», señala. Y asegura que «la UJI ya controla, y mucho, el acceso de menores, a través de las pulseras y en el control de puertas». No obstante, es cauto. «Primero, la ley tendrá que formalizarse y después, verse bien cómo continuar con esta tradición, ineludible para los estudiantes, acorde a la norma».

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