La pasada semana tres eurodiputados denunciaron frente a la Comisión Europea que el fichaje del jugador Gareth Bale por el Real Madrid en el año 2013 constituyó una ayuda de Estado ilegal y que, por tanto, debería ser devuelta por el Estado español previa reclamacional club blanco.
El fundamento de la denuncia, si es que tiene alguno, se basa en que parte del fichaje del jugador se efectuó mediante un préstamo solicitado por el Real Madrid a Bankia, entidad financiera rescatada con fondos europeos y que, por ello, ese préstamo es susceptible de considerarse como una ayuda pública que altera la libre competencia.
Ni que decir tiene que el club blanco no ha dejado de pagar en ningún momento el préstamo, ni Bankia de recibir sus intereses por lo que, desde la argumentación esgrimida en la denuncia, cualquier empresario que haya obtenido un préstamo de esta o cualquier entidad financiera rescatada es susceptible de ser denunciado como receptor de una ayuda de Estado ilegal.
Como digo, la denuncia no tiene mucha base sobre la que sustentarse y es posible que los eurodiputados Sander Loones, nacionalista flamenco, Daniel Dalton, británico, y Ramón Tremosa, español y nacionalista catalán, hayan decidido, ante la escasa actividad del Europarlamento, justificar su trabajo presentando propuestas molestas contra otros estados miembros con menor afinidad; algo evidente en el caso belga y británico, y lamentable en el caso del español. Con este tipo de situaciones no es extraña la pobre imagen que del Europarlamento y sus eurodiputados tiene la opinión pública, más parecido en ocasiones a un circo que a un órgano legislativo de la UE. H
