La dama de la justicia suele representarse con los ojos vendados, significando así la independencia, objetividad e imparcialidad. En nuestro país, esa venda está llena de agujeros y llevan la marca de los partidos políticos. El sistema actual subordina la justicia a la política y para nada respeta la división de poderes que es, sin ninguna duda, el soporte básico de toda democracia.
Por poner un ejemplo. Son los partidos políticos quienes eligen a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, supremo órgano de control, quienes a su vez eligen al Tribunal Supremo, que son a su vez quienes pueden juzgar a los políticos. Gracias a este anacronismo democrático llamado aforamiento todos sabemos para qué sirven instituciones como el senado, al igual que sabemos por qué los jueces no pueden con la corrupción, aunque sean los únicos que parecen combatirla.
No es de extrañar que la Comisión Europea, en su informe sobre el sistema judicial del 2015, suspenda a España en independencia judicial. Nos perciben como uno de los sistemas judiciales más politizados. Solo nos ganan Croacia, Bulgaria y Eslovaquia. El actual gobierno en funciones ha explotado al máximo esta instrumentalización, situando a jueces con carné para presidir el Tribunal Constitucional.
En este contexto, uno de los “nuevos” partidos exige, ni más ni menos, que las principales instancias judiciales tengan un “compromiso con el gobierno del cambio”. El abuso del poder judicial que ha venido realizándose por parte de unos y de otros se reclama así como una exigencia política. Semejante barbaridad no tiene nada de novedosa, nos retrotrae a una época reciente donde solo había un partido y un solo un cambio era posible. H
