La Junta de Andalucía ha confirmado que 24 ancianos alojados en la residencia Joaquín Rosillo de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) han fallecido en los últimos días a causa del coronavirus, y que otras 79 personas del centro están contagiadas. Un dato que pone bajo el punto de mira a la residencia privada, “intervenida” por el ejecutivo andaluz, ya que los familiares acusan tanto a la dirección de la residencia como a la propia Junta de ocultar datos e información sobre lo que ocurría en su interior y el nivel de incidencia del coronavirus. De hecho, algunos familiares aseguran que la cifra de fallecidos es mayor, y han llevado el caso ante el Defensor del Pueblo Andaluz, que ya investiga lo sucedido.

El centro, ubicado en el área metropolitana de Sevilla, cuenta con 180 plazas privadas y concertadas. Varios familiares ya alertaron el 20 de marzo de la existencia de casos positivos entre los ancianos de la residencia sin que se tomaran medidas. Pero desde el Ayuntamiento rebajaron la tensión y apuntaron que el brote se ceñía a tres residentes, dos de ellos hospitalizados y uno aislado en el propio centro. Todos ellos presentaban una situación estable y las familias estaban “puntualmente informadas”, resaltó entonces el consistorio trasladando la información que les hacía llegar la dirección del centro de mayores.

Nada más lejos de la realidad. Un familiar de uno de los residentes, vinculado además a CC.OO., pudo acceder a datos de la residencia en los que constaban ya que se habían realizado en esos momentos 74 pruebas a los residentes y 60 habían dado positivo por covid-19. Esas primeras informaciones apuntaban ya a al menos 15 fallecimientos, según la denuncia realizada por este sindicalista, que refiere el “secretismo” respecto a lo que pasaba en el interior de las instalaciones.

El Defensor sospecha de 38 muertes

Tras lograr contactar con la dirección del centro, ésta le desmintió esa información e incluso la tachó de “bulo”. Sin embargo, en un documento oficial fechado el 25 de marzo para justificar el traslado de los residentes asintomáticos a un hotel medicalizado al efecto sí reconocía que “podemos anticipar que muchos ya se han podido contagiar”. "En la residencia Joaquín Rosillo, tras conversación con el director, informa de que la mayoría tiene o han tenido síntomas”, figura expresamente en dicho documento oficial remitida al distrito sanitario que le corresponde. Pese a ello, no fue hasta que los familiares hicieron pública la denuncia este lunes que la Consejería de Salud confirmó los 24 fallecimientos. La familia ha llevado el caso hasta el Defensor del Pueblo Andaluz, que ha abierto una investigación y sospecha que, por los datos recabados por los denunciantes entre otros familiares, la cifra de fallecidos a causa del coronavirus podría elevarse a 38.

Según los datos ofrecidos la pasada semana por el Ejecutivo regional en una comisión parlamentaria de Salud, los muertos por coronavirus en residencias de ancianos en la comunidad se elevaban a 82 casos, aunque el número de contagiados alcanzaba entonces los 672. En rueda de prensa este lunes, el consejero de Salud Jesús Aguirre, recordó que todas las residencias andaluzas se encuentran en estos momentos intervenidas, y “con personal sanitario siguiendo a pacientes y cuidadores” y separando y aislando a los posibles positivos.

Denuncia anónima de una trabajadora

CC.OO, sin embargo, acusa al gobierno regional de ocultar también información sobre el centro Joaquín Rosillo, ya que hace 12 días remitieron un escrito al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla para interesarse sobre la situación que se vivía en la residencia. Explicaban que el día 24 habían recibido una denuncia anónima de una trabajadora de la residencia alertando sobre la “situación de extrema gravedad que se vivía en el centro”. Esta trabajadora avisaba además de que el coronavirus había diezmado la plantilla y que los fallecidos se contaban por "decenas" y podrían ser incluso el doble de esos 24 muertos reconocidos.

No obstante, en el sindicato no recibieron ninguna información hasta que este lunes el consejero confirmó esas muertes. “No es de recibo que en una situación crítica y ante la preocupación de las personas trabajadoras y las familias de la residencia, la Junta de Andalucía haya estado casi dos semanas sin ofrecer información”, subrayó el sindicato, que ha realizado un nuevo requerimiento de información al delegado del Ejecutivo regional en Sevilla y estudia además la posibilidad de emprender acciones legales.