Un hombre se desvaneció en las puertas del Hospital de Cotahuma en La Paz. Cuando trataron de reanimarlo advirtieron que ya no respiraba. "Nos habían cerrado la puerta en la cara (..) esperamos media hora. Se ha muerto en el piso", relató la sobrina del fallecido a la cadena televisiva Unitel. Otro caso similar se conoció en de Cochabamba. A unos 230 kilómetros de la capital falleció una persona en la vía pública también presuntamente infectado del virus y puso en escena las enormes dificultades que encuentra el Gobierno de facto para enfrentar la pandemia. Bolivia acumula 19.073 contagios y al menos 632 muertos cuando todavía no se hace sentir el invierno, con todas sus amenazas. Según la Sociedad Medicina Crítica y Terapia, el país andino cuenta con unas 100 camas de enfermos de covid-19 y se necesitan al menos siete veces más. También se requiere como mínimo el doble de los médicos terapistas intensivos, que actualmente son 210.
Carlos Nava, una autoridad sanitaria de la región de Cochabamba, reconoció que el sistema ya está colapsado y responsabilizó a los ciudadanos. "La gente no cumple con las medidas de bioseguridad". Una situación análoga se enfrenta en La Paz y Santa Cruz, la región más próspera de Bolivia. "Mi hermano falleció ayer. Nadie se ha aproximado a verlo, necesito una orden para sepultarlo, pero la policía no viene y él sigue en la cama, sin un cajón", dijo Lola, la hermana del difunto al diario paceño Página siete.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó "consternación" por los noticias relacionadas con muertes de personas en la calles por falta de atención médica. El organismo regional alertó a su vez sobre las dificultades reportadas por familiares de las personas fallecidas para inhumar los restos ante negativas de algunos cementerios o la falta de recursos económicos para pagar los gastos funerarios.
El Gobierno de facto en aprietos
"Seguiremos cuidando la salud de los bolivianos", dijo no obstate la presidenta interina Janine Áñez. Anunció a su vez la existencia de nuevas ambulancias que serán destinadas a varias regiones en apuros para "la mejor atención de los pacientes". Áñez no hizo ninguna referencia al pronunciamiento de la CIDH.
La crisis sanitaria no es ajena a las circunstancias derivadas del desplazamiento del poder del presidente Evo Morales en noviembre pasado. "El Gobierno de facto debe informar al pueblo boliviano el por qué no hay respiradores, pruebas, reactivos, equipos de bioseguridad; en cambio, sí, corrupción y falta de transparencia en miles de millones de créditos y donaciones que recibió para enfrentar la pandemia", dijo desde su exilio argentino el propio Morales. Su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), presentó ante la Fiscalía la ampliación una de denuncia penal en contra de la ministro de Exteriores, Karen Longaric, el embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Andrés Mostajo, y otras personas, por la compra a precios exorbitantes de 170 respiradores. "Debe caer todo el peso de la ley contra estos funcionarios que hicieron un negocio con la salud de los bolivianos", señaló la agrupación que gobernó 12 años y se encuentra ahora en la oposición. Por este escándalo ya había dimitido días atrás el titular de Salud, Marcelo Navajas Salinas, quien apenas duró 42 días en su cargo.
