El colapso judicial se agrava en Castellón por la crisis sanitaria del coronavirus. Hasta la fecha, son ya unos 3.000 juicios los que han tenido que cancelarse en la provincia y no tienen, por el momento, nueva fecha de celebración, según estimaciones judiciales. Si se analizan las cifras a nivel autonómico, superan ya los 20.000. Todas las jurisdicciones están afectadas: social, civil, penal, contencioso...Entre las causas paradas en Castellón hay pleitos por despido, cláusulas suelo o custodia de menores, pero también casos tan importantes como los relativos a delitos de sangre o de carácter sexual.

La Audiencia Provincial aplazó recientemente el juicio con jurado popular que debía sentar en el banquillo dentro de 15 días a un asesino sentenciado ya por un homicidio consumado, una tentativa y también por secuestro, violación y apaleamiento de su expareja. Antonio Tellado iba a enfrentarse ahora a una nueva pena de prisión por matar a navajazos a su exsuegro por venganza en marzo del 2018 en el Grau.

En este último caso, al estar el procesado condenado por otros delitos, la suspensión no varía su situación de encarcelado.

ATROPELLO MORTAL

A las puertas de enjuiciarse y pendiente de la evolución del coronavirus, como miles de otras causas, está el atropello mortal a una menor de 17 años en una parada de autobús de la nacional 340 en Benicarló. Rocío Dil falleció en el hospital y una amiga que la acompañaba resultó herida grave en 2017. El conductor dio --horas después del accidente-- positivo en cocaína y debe enfrentarse a cuatro años. El juicio continúa señalado para el próximo día 27 de mayo en los juzgados de Vinaròs, aunque las partes no están seguras de si seguirá adelante o se pospondrá.

El 6 de julio está también previsto que se inicie la vista oral de otro caso de homicidio con jurado popular en la Audiencia Provincial de Castellón. Un vecino de Vinaròs, Javier S.R., debe enfrentarse a 25 años de internamiento en un centro psiquiátrico por matar a su anciana madre en diciembre del 2018. El acusado, que padece esquizofrenia y está en prisión desde su detención, acabó con la víctima, de 83 años. Semidesnudo y ensangrentado se dirigió a la estación y dijo a la Guardia Civil que lo habían secuestrado y torturado.

La pandemia no ha hecho sino agudizar el atasco que soportan desde hace años los cinco partidos judiciales de la provincia (Castellón, Nules, Vila-real, Segorbe y Vinaròs), con elevadas tasas de pendencia. La Justicia acordó, ante la crisis sanitaria, celebrar solo juicios urgentes (causas con preso y vistas rápidas con detenidos) ante la imposibilidad de garantizar la seguridad en las sedes. Durante casi dos meses solo ha habido un funcionario por juzgado (dos en la Audiencia). Ahora el personal se reincorpora poco a poco y sin abrir al público.

PROTOCOLOS EN SEDES JUDICIALES

El Consejo General del Poder Judicial aprobó el 20 de abril una guía de buenas prácticas. El documento señala, entre otras cosas, que los jueces, fiscales y demás funcionarios deben llevar mascarilla y guantes en las sedes judiales. Hay que respetar una distancia entre personas de dos metros y limitar el aforo de las salas. En levantamientos de cadáver deberá llevarse bata, guantes, gorro, calzas y mascarilla. A menos de un metro del cuerpo, debe usarse la FFP2.