El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una moratoria en el pago de las hipotecas de la primera vivienda de familias vulnerables que hayan visto caer sus ingresos o estén en situación de desempleo por el coronavirus Covid-19. La medida beneficiará a los trabajadores en paro afectados por la epidemia y se complementa con la prohibición de cortar suministros básicos (agua, luz y gas) a colectivos vulnerables. "Garantizaremos el derecho a la vivienda de las familias más vulnerables; en esta crisis, nadie será desahuciado de su casa por atravesar una situación de dificultad", ha sostenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A falta de que el Ejecutivo haga públicos los detalles, fuentes del sector financiero han precisado que, dentro del plan de choque de medidas económicas para frenar los efectos de la pandemia del coronavirus, el Gobierno les ha traslado que la moratoria será de un mes prorrogable a otro más. Según las mismas fuentes, los bancos no tendrán que hacer provisiones por el impacto de la medida, es decir, no estarán obligados a reservar unas cantidades para afrontar pérdidas como consecuencia de los impagos de la hipoteca. Desde el punto de vista del Banco de España, la moratoria de las provisiones no se debería tomar solo en España, ya que la normativa que fija cómo deben provisionar las entidades, la IFRS9, tiene alcance internacional

Las entidades financieras expresaron su rechazo inicial la semana pasada hacia la moratoria hipotecaria, ya adoptada en Italia y Francia. Recordaron, en este sentido, que ya aplican desde hace años el Código de Buenas Prácticas para la reestructuración los préstamos hipotecarios a clientes que atraviesan problemas transitorios y defendieron que las medidas del Gobierno deberían ajustarse a ese marco de actuación, que afirmaron estar ampliando para beneficiar a los afectados del coronavirus.

Ministros de Unidas Podemos también han llevado a la mesa del Consejo de Ministros la posibilildad de una moratoria en el pago de los alquileres, como han establecido otros países europeos, aunque la medida no ha salido adelante. El portavoz de esta formación, Pablo Echenique, ha apuntado que "habrá que dar más pasos para proteger a las personas que viven de alquiler o a las que no tienen ingresos o tienen ingresos muy bajos", pero ha calificado de "espectacular" el plan de choque aprobado por el Ejecutivo.

El presidente Sánchez también ha anunciado una línea de avales con garantía pública de hasta 100.000 millones de euros para evitar que los bancos dejen de prestar a las compañías por temor a los impagos y que prevé movilizar una cantidad de entre 50.000 y 100.000 millones adicionales de dinero privado. "Queremos enviar a las empresas y los mercados un mensaje contundente y rotundo: el Estado español va a proporcionar al tejido empresarial toda la liquidez que necesite para evitar que los problemas de liquidez se conviertan en problemas de solvencia", ha sostenido.

Según la fuentes financieras, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) avalará el 80% del crédito que los bancos entreguen a las empresas. Las cantidades indicadas por Sánchez, sin embargo, apuntan a que el Estado cubrián entre el 75% y el 50%. El Gobierno, asimismo, ha aprobado una línea de avales adicional de 2.000 millones para empresas exportadoras, especialmente pymes, así como facilitar la reestructuración de créditos a empresas agrarias afectadas por la sequía.