No hay otro lugar donde la pandemia esté haciendo más daño. Las residencias de ancianos de Castellón se han convertido, sin pretenderlo, en las protagonistas de una película de terror llamada covid-19. En 14 de los 38 geriátricos de la provincia se han registrados contagios y 96 de las 194 personas que han fallecido eran residentes. ¿Por qué? Quizás la causa está en que la mayoría de sus usuarios son mayores de 80 años y grandes dependientes, un grupo más expuesto que ninguno a desarrollar cuadros graves, y en las residencias, además, se convive, se comparten espacios, se come en común. Un cóctel fatal.
Aunque parece que lo peor ha pasado ya, las cicatrices que ha dejado el coronavirus en estos centros son profundas. Y el modelo está en entredicho. Patronales, sindicatos y expertos en gerontología reclaman repensar un sistema marcado en los últimos años por la falta de financiación pública y la entrada de empresas privadas que, dicen, han ajustado los costes y el servicio.
De las 38 residencias de ancianos con las que cuenta Castellón, 12 son de titularidad pública: 7 dependen directamente de la Generalitat Valenciana, aunque solo dos de ellas son de gestión pública, y otras 5 son municipales. El resto son centros privados o privados con camas concertadas, según datos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. En total, 3.069 plazas, lo que sobre el número de personas mayores de 65 años (más de 107.000 en la provincia) supone una tasa de cobertura de 2,8 plazas por cada cien mayores, una cifra mucho menor que la media española (4,30 plazas por cada 100 mayores) y, por supuesto, muchísimo más baja que las 5 que recomienda la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para llegar a ese porcentaje, y sin tener en cuenta que la población de la tercera edad aumentará, la provincia necesitaría al menos otras 2.400 plazas.
CERO INiCIATIVA PÚBLICA // La estadística demuestra que faltan residencias y, en los últimos años, la iniciativa pública para construir nuevos geriátricos ha sido nula. «En la Comunitat no se ha construido ninguna nueva residencia pública en los últimos diez años, pese al aumento de personas mayores y de las situaciones de dependencia. El aumento de plazas ha venido exclusivamente de la mano de empresas privadas. Se ha incrementado el parque residencial privado y se ha externalizado la gestión de lo público», lamenta Sacramento Pinazo, presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología.
En la sociedad del bienestar, la vejez se ha convertido en un negocio y de lo más rentable. Pero las residencias privadas se defienden. «Estamos siendo tratados como el enemigo a batir y eso es injusto porque somos quienes mantenemos el sistema. Y, además, la opinión pública tiene que tener muy claro que en las residencias no curamos, sino cuidamos», lamenta el director de un centro privado de Castellón, que pide que no se publique su nombre.
José María Toro, presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte), insiste en que las empresas ven en la geriatría un negocio, pero no para enriquecerse rápido, sino para tener estabilidad. «Siempre habrá mayores, pero ser una empresa privada no significa mermar el servicio. Lo que necesitamos es flexibilidad en los pliegos para adaptar los recursos a las necesidades», defiende.
La pandemia no ha hecho distinciones entre centros privados y públicos y, en los últimos años, estos últimos han sido objeto de recorte tras recorte. La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, defendió cuando estaba en la oposición, y ahora también, la reversión del sistema a lo público. Pero una cosa es lo que se dice y, otra, lo que se hace. «A los trabajadores de los centros públicos no se les ha tenido para nada en cuenta. Ni ahora ni antes. Soportan una gran carga laboral y están muy mal pagados. Por eso hay una constante fuga de profesionales a otros sectores. La bolsa está vacía», dice Miquel Soler, responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Castellón.
¿QUÉ MODELO ES POSIBLE? // Los trabajadores sociales también creen que es hora de que el modelo cambie. «Las residencias de mayores forman parte de la red de servicios sociales y deben ser públicas. El cuidado de los mayores no puede entrar en el mercado, ni depender de empresas privadas que quieren ganar dinero», argumenta Jaume Agost, presidente del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Castellón.
Agost aboga por residencias públicas más pequeñas, con una atención mucho más individualizada.r r «Y también hay que invertir en asistencia domiciliaria, que es mucho más barata que las residencias, y que haría que no hicieran falta tantas plazas en los geriátricos», defiende. La doctora Pinazo es de la misma opinión. «El modelo debe ser redefinido y los equipamientos deben ser evolucionar hacia un modelo-hogar y mejorar la ratio de profesionales, que ahora es inadecuada».
