La dotación presupuestaria del nuevo decreto de vivienda se queda corta para alcanzar el objetivo marcado por Conselleria de duplicar el parque público en una década. Para este 2020 cuenta con 26 millones de euros y ya se han invertido esta semana 8,5 millones en la primera operación de compra de un lote de 218 viviendas al Banco Sabadell --con solo una situada en Castelló--.
Si se toma como valor medio los 39.000 euros por inmueble, a resultas del coste de este primer trato, en este ejercicio se podrán adquirir no llega a 700, unas 666, para toda la Comunitat. Un 10% es la cuota que suele representar Castellón: unas 66. Y en diez años, 660, con lo que se perfila difícil alcanzar las mil necesarias para duplicar el parque actual de la provincia: de 1.047 a 2.094 en el 2030. Ni siquiera se llegaría con los 30 millones anuales que se plantea destinar Conselleria para este fin a partir del 2021 --que elevaría el número a 769 viviendas en ese periodo--. Y todo ello, sujeto a los sucesivos Presupuestos de la Generalitat; y a que salgan a la venta más casas con los requisitos de la nueva normativa y se ubiquen en Castellón.
Otro factor, por tanto, son las características de los paquetes inmobiliarios susceptibles de ampliar el parque público que vayan saliendo al mercado y su distribución territorial. En el primer trato de compra preferente de la Generalitat, que evita que estos pisos pasen a la especulación de los fondos buitre, el coste medio por vivienda ha rondado los 39.198 euros. Pero ese lote abarca casos muy diversos: desde un piso 98 m2 con trastero vendido por solo 1.000 euros; a la única vivienda de Castelló, que ha costado al erario más de 80.000. La Administración, además, las puede comprar con rebaja del 25% por debajo del precio de valoración de la Agencia Tributaria Valenciana.
En Castellón, el parque gestionado por la Generalitat consta ahora de 1.047 viviendas: el grueso, en Castelló, Burriana y en la Vall d’Uixó --en alquiler social--; y en Castelló, Vinaròs y l’Alcora --únicas con alquiler asequible--. Reforzar la vivienda pública se ha convertido ahora en la provincia en más necesario que nunca dado el aumento de familias vulnerables tras el duro golpe económico provocado por el covid-19 y la incertidumbre futura.
¿DÓNDE URGE?
El nuevo decreto, que posibilita el derecho preferente de tanteo y retracto --no solo sobre VPP, sino en privada procedente de daciones en pago, ejecuciones hipotecarias y lotes de bancos-- se ha fijado duplicar la red, pero con escasa dotación. Se podrá intervenir en municipios incluidos en un catálogo a elaborar en seis meses; y mientras, donde más urge, según el censo del Observatorio del Hábitat; y en los de riesgo de despoblación.
