Alcanzar la nueva normalidad en las zonas compartidas de las comunidades de propietarios puede convertirse en un quebradero de cabeza para sus residentes. Especialmente en aquellas que cuentan con piscina. Tanto es así que en muchos casos se extiende la idea de tener que prohibir el acceso ante los costes de adaptación a la realidad que impone el coronavirus.

El vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, Joaquín Rambla, menciona que los profesionales dedicados a estas labores están «desbordados desde hace unas semanas», ante la proximidad del verano y las consultas sobre unas reglas que, si no varían en los próximos días, son muy estrictas. La principal preocupación tiene que ver con la figura del controlador de aforo, que debe encargarse de vigilar que no se sobrepase la cantidad de usuarios determinada en cada fase. «En playas o piscinas municipales son las administraciones las que toman las medidas a realizar, pero en este caso hay costes para cada propietario», explica.

GASTO / Si se opta por contratar a alguien que vele por el cumplimiento de las reglas, «el precio puede llegar a ser prohibitivo, ya que disponer de alguien durante ocho o diez horas al día durante las fechas de verano implica un gasto a considerar», detalla Rambla. A ello se debe sumar el mantenimiento de las instalaciones, «que deben limpiarse al menos tres veces por día con una serie de productos indicados especialmente para estas circunstancias». En total, la suma puede ascender «hasta unos 5.000 euros al mes».

Por si no fuera poco, la resolución a semejante dilema depende exclusivamente de una sola persona por comunidad: el presidente. Joaquín Rambla aclara que durante la declaración del estado de alarma «no pueden celebrarse juntas extraordinarias, al no permitirse la concentración de personas ni poder desplazarse quienes residen habitualmente en otras comunidades autónomas». Tampoco la legislación contempla los encuentros telemáticos. «Solo en Cataluña y alguna que otra parte de Europa», indica.

Si el conjunto de residentes está bien avenido, se antoja una consulta informal tras la que el presidente obrará en consecuencia. En cambio, de parecerse más a las tramas de La que se avecina, uno intuye que el cargo es, en estas condiciones, toda una losa. Una derrama está en juego.

ALTERNATIVA / Pese a todo, el dirigente del colegio comenta que existe una alternativa, que evitaría costes pero obliga a un compromiso por parte de la comunidad. Y es que entre los vecinos «se puede gestionar algún tipo de protocolo, que permita el cumplimiento de la ley, con turnos de vigilancia o alguna clase de mecanismo de reserva de plazas». Incluso se habla de utilizar aplicaciones informáticas que faciliten esa coordinación.

Sería, en cierto modo, como volver a décadas anteriores, cuando en las escaleras se establecía en qué semana le tocaba a cada uno la tarea de fregar. Hasta que la mayoría optó por buscar a alguien que lo hiciera por ellos.

Por otro lado, si la piscina tiene más de 190 metros cuadrados, y ya requiere habitualmente de socorrista, esta nueva normalidad se puede parecer más a la de toda la vida. Sobre todo en el precio.