Día clave para la cuarta prórroga de los ERTE de la covid. El Gobierno, la patronal y los sindicatos vuelven a reunirse este lunes a las 11 de la mañana para tratar de alcanzar un consenso en el tiempo de descuento. Pues el miércoles 30 de septiembre vencen las actuales condiciones y el martes tendrá lugar el último Consejo de Ministros ordinario que puede validar la renovación de las mismas. Quedan por delante 24 horas clave para alargar las ayudas públicas a los ertes, que en principio están llamadas a prorrogars hasta el 31 de enero. El Ejecutivo busca mantener intacto, una prorroga más, el frente común con los agentes sociales y alarga el balón de oxígeno, esta vez especialmente diseñado para las empresas más afectadas por la crisis del covid.

Las fotografías de unidad con la patronal y los sindicatos que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, busca procurarle al Gobierno se están volviendo tan habituales como agónicas sus negociaciones. Pese a que las partes se empecinaron, al menos en lo verbal, en no apurar los plazos, el acuerdo todavía no ha llegado a 48 horas de la fecha límite del 30 de septiembre. Y con solo un Consejo de Ministros ordinario de margen. La anterior renovación ya se resolvió con unas prisas similares en los últimos días, hasta el punto que hubo que convocar un cónclave extraordinario para dar salida ejecutiva a lo pactado. Más de 800.000 trabajadores en erte estaban a expensas de esa fumata blanca.

¿Qué pasará si este lunes no se alcanza un acuerdo? Diferentes escenarios se abren tras la hipótesis de que las conversaciones acaben embarrando definitivamente. Una opción es que no haya cuarta prorroga de los ERTE; improbable, debido a la significativa cantidad de empresas y trabajadores que dependen de ellos. Otra es que el Gobierno decida cerrar las negociaciones y aprobar unilateralmete (o con el beneplácito de una de las dos partes) las condiciones de la nueva renovación; la más probable si finalmente no hay consenso entre todas las partes. Y la tercera opción sería alargar más 'in extremis' todavía las negociaciones y continuar el martes, para aprobar el miércoles (ya día 30 de septiembre) un Consejo de Ministros extraordinario que diera salida legal a las nuevas condiciones pactadas.

Las claves de la negociación

El Ejecutivo y los agentes sociales redoblan sus esfuerzos para procurar que los ERTE de la covid tengan una cuarta prorroga, desde que se habilitaron por primera vez en marzo. La nueva fecha que se baraja en las negociaciones es hasta el 31 de enero, para así esquivar una nueva negociación sobre el filo de Navidad. Las condiciones de esta posible renovación están especialmente enfocadas a aquellos sectores o subsectores especialmente damnificados por la crisis del covid, con el turismo como protagonista; los ERTE por rebrote no solo se pretenden conservar, sino también consolidar sine die. Y donde también hay un consenso avanzado es en mantener las prestaciones para los trabajadores afectados sin merma para los que arrastren más meses en erte. Estas son las líneas maestras del nuevo pacto que buscan acordar 'in extremis' entre el Gobierno, la CEOE, CCOO y UGT.

Los pesos pesados del Ejecutivo en cuestiones económicas (desde la vicepresidenta Claviño, hasta Escrivá) ya marcaron las cartas con las que arrancó la negociación. Los recursos disponibles tenían que ir a los sectores más perjudicados por la crisis y, especialmente, con menos visos de poder reactivarse en el corto plazo. El principal, entre ellos, el turismo. Las empresas en erte total ubicadas en esa uci con respiración asistida serán exoneradas de entre el 85% y el 70% de las cotizaciones sociales de sus empleados; según plantea el Ejecutivo. Y, según sus estimaciones, ello dará cobertura a casi 210.000 trabajadores en ERTE. Un cuarto de los afectados a último día de agosto.

El perímetro de las empresas que podrán adherirse a dichas ayudas lo definirá una lista de CNAE (código nacional de actividades económicas) que han de consensuar todavía entre Ejecutivo y agentes sociales. Dicha lista concreta será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que de cuerpo al real decreto. Y a la misma podrán sumarse empresas que formen parte de otros CNAE, pero que puedan acreditar que más del 50% de su facturación depende de firmas que sí están en la lista. Con esta fórmula se flexibiliza la cobertura y el Gobierno pretende calmar el antagonismo que desde el inicio han manifestado los agentes sociales respecto a la discriminación por sectores concretos.

Como en toda negociación, por el camino se han ido cayendo temas y sumando renuncias. El borrador final que discuten desde esta mañana las partes ha sido fruto de dos semanas de intensas conversaciones, a casi reunión diaria y de duraciones maratonianas. No obstante, uno de los escollos más duros que todavía se interpone entre el Gobierno, los agentes sociales y el acuerdo es un protagonista de anteriores negociaciones: el modelo de ayudas para empresas en ERTE parcial, que concede mayores ventajas para los trabajadores desafectados que para los que siguen en suspensión. Un enfoque que separa especialmente a la patronal de rubricar el acuerdo.

Poder adquisitivo intacto

Una de las líneas rojas de los sindicatos y que ha acabado haciendo suya el Gobierno ha sido el mantener intacto el poder adquisitivo de los trabajadores en erte, ya mermado por los meses que acumulan en suspensión. Pues a la normativa laboral, heredada de la última reforma del PP, contempla que una persona que cobre prestación de paro durante más de seis meses ve disminuir al séptimo su prestación. Del 70% de la base reguladora al 50%. Finalmente, y salvo cambio sorpresa de última hora, el real decreto del Gobierno tendrá una disposición adicional que garantice que la paga continuará al 70% de la base reguladora.

Otro elemento de pugna inicial, pero sobre el que ya se ha cuajado un consenso es en la renovación del contador a cero. Pese a que Yolanda Díaz planteó inicialmente no renovarlo, debido a las limitaciones presupuestarias con las que negocia el Gobierno, finalmente este será prorrogado y toda persona en erte que pierda su empleo antes o durante el 2021 tendrá garantizada su prestación durante dicho ejercicio.