El anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que el Gobierno central utilizará los fondos de las políticas activas de empleo para pagar el paro y de que planea echar mano del superávit que tienen acumulados los ayuntamientos para afrontar la alerta del coronavirus ha generado una contraposición de opiniones entre los alcaldes de las localidades más pobladas de la provincia. Los munícipes del PP reprueban la propuesta del Ejecutivo y los socialistas, aunque entienden la medida por lo extraordinario de la coyuntura, destacan la relevancia de que las corporaciones locales tengan las herramientas que hagan falta para afrontar las consecuencias.

En esa línea se pronuncia la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco (PSOE), quien reconoce que esta situación requiere «la suma de esfuerzos» por parte de todas las administraciones. «Seguiremos prestando toda la colaboración que precise el Estado, pero es importante que los consistorios dispongamos de los recursos necesarios para hacer frente a la crisis a nivel local y adaptar las medidas a la realidad social y económica de los municipios», destaca.

El también socialista José Benlloch explica que Vila-real «no está en la liga» de las instituciones con superávit y tilda de «coherente» que el Gobierno pueda sacrificar las iniciativas laborales locales, ya que los planes de empleo «tienen sentido cuando la economía funciona». «Es una decisión muy acertada, los ayuntamientos vamos a tener que renunciar a reenganchar gente a un mercado de trabajo que, si no le damos esa ayuda, va a desaparecer, y eso sería peor, pues habría que rescatar doblemente a la gente».

Cautela

No obstante, desde el seno socialista también piden cautela y aguardar a que den más información. Es el parecer de la alcaldesa de Burriana, Maria Josep Safont, quien recalca que aún desconoce «cómo el Gobierno articulará» esa propuesta o el de la edila de Hacienda de Vinaròs, María Cano, que tampoco sabe si el Ejecutivo acabará metiendo mano en la hucha de los remanentes, por lo que siguen a la espera.

Más críticas se muestran las munícipes de la Vall d’Uixó y Orpesa. La primera, Tania Baños, además de adelantar que no tendrán superávit, cree que «las administraciones superiores deben echar una mano a los municipios», ya que son los que prestan «la primera atención a los ciudadanos». La segunda, María Jiménez, considera que lo que debería hacer el Ministerio es «derogar la ley que asfixia a los ayuntamientos que no tienen deuda, como Orpesa».

Otros rostros socialistas como Merche Galí (Almassora), Samuel Falomir (l’Alcora) o Xaro Miralles (Benicarló) abogan por que «haya solidaridad en la gestión» y «ayudar entre todos» para superar esta crisis «de la mejor manera», respetando la autonomía municipal en la medida de lo posible.

Críticas del PP

En contra se posicionan los primeros ediles del PP, que coinciden en que deben ser los consistorios los que gestionen su excedente dinerario, «en lugar de pensar incautarlo». Es la opinión de Susana Marqués (Benicàssim), pero también la de Carmina Ballester (Onda), Andrés Martínez (Peñíscola) o Mª Carmen Climent (Segorbe), que defienden que les corresponde a ellos y no al Gobierno administrar el dinero de los vecinos para «atender mejor y de forma más directa sus necesidades».

Desde Nules, David García (CeN), también considera que Moncloa debería «levantar el freno» para dar más margen a los entes municipales.

Informan Isabel Calpe, Eva Bellido, Mònica Mira, María José Sánchez, Javier Nomdedeu, Rafa Martín y Javier Flores.