La muerte rebalsa a la ciudad portuaria de Guayaquil, el centro de la pandemia en Ecuador, y hay que encerrarla en ataúdes de cartón a falta de los recipientes funerarios tradicionales. La Fuerza de Tareas designada por el Gobierno realiza 100 sepelios a diarios, aunque no sabe bien cuántos fallecieron a causa de covid-19. Las cifras oficiales hablan de 220 víctimas fatales y 3.995 infecciones, pero sobre esos números se ha extendido un manto de duda.
La ola de defunciones pone a las familias, desgarradas por las pérdidas, al frente de una tarea de éxito improbable: la obtención de féretros. No hay. La Federación de Funerarias de Guayaquil reconoció que en el mercado negro se ha llegado a pagar 800 dólares por lo que hasta hace pocas semanas costaba la mitad de ese precio. En medio de la escasez y la especulación, la Asociación de Cartoneros del Ecuador le donó al Gobierno 3000 ataúdes de ese material corrugado que se entregarán de forma gratuita a los deudos. "El cartón es más digno que enterrarlos en bolsas o sin nada", dijo Jorge Wated, el responsable de la Fuerza de Tareas. Por lo demás, reconoció el funcionario, el Estado, agobiado por el ajuste económico "no tiene recursos" para adquirir cajones de madera. La empresa Colineal, de la ciudad sureña de Cuenca, informó que tendrá lista la primera producción de 400 unidades fabricadas con pino recién para el viernes 17 de abril. El 70% de esa producción, informó, irá a Guayaquil. Pero esa fecha es todavía lejana en el calendario. La pasta de papel es mientras la única solución posible.
En medio de esta zozobra, el Municipio de Guayaquil ha entregado otros 1000 féretros de cartón a los cementerios de la ciudad. Su alcaldesa Cynthia Viteri anunció a la vez la construcción de cuatro cementerios enfrentar las inusuales circunstancias. Los camposantos, se informó, tendrán capacidad para 12.000 tumbas.
Las autoridades sanitarias ya reconocen que en los próximos tres meses morirán por el virus unas 3500 personas, en su mayoría en la provincia de Guayas y su capital Guayaquil. El ministro de Salud, Juan Carlos Zeballos, ha admitido que las estructuras sanitarias están completamente desbordadas. El sector privado ha donado a las autoridades 20 clínicas móviles para acudir a las zonas más castigadas de Guayas. El miedo al contagio se extiende entre los más vulnerables a lo largo y ancho del país. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) pidió al presidente Lenin Moreno que impulse un programa de "pruebas rápidas" de diagnóstico del COVID-19 en las comunidades rurales del país, las más vulnerables ante la pandemia. "Esos exámenes no pueden ser solo para los sectores privilegiados".
Laberinto burocrático
Enfrentar la muerte de un ser querido no solo es un enorme desafío emocional sino burocrático. Según El Universo, los guayaquileños viven una doble pesadilla" en su intento de agilizar el trámite de inhumación. Hay familias que han esperado 10 días para el entierro. La familia del difunto Jorge Banda tuvo un poco más de suerte: la demora para que su cuerpo fuera sepultado fue de cuatro días. "Pagamos por un féretro, pero al final nos dijeron que no había. Luego lo metieron en la bóveda sin un cofre mortuorio", dijo su yerno al diario 'El Comercio'. Esa situación se ha repetido al menos 50 veces.
Guayaquil ha padecido numerosos cortes de energía que acentuaron el malestar colectivo y, especialmente, el de quienes deben realizar las gestiones para las exequias. Carla Cobos le contó al diario Expreso que se vio obligada a pagar a cambio de información sobre el cadáver de su madre, Cleotilde Montero. "Es una atrocidad. Una tortura", dijo. El cuerpo está extraviado desde el 27 de marzo, cuando falleció en el hospital de Infectología José Daniel Rodríguez Maridueña. La crisis sanitaria ha generado una nueva y macabra profesión: la de los gestores que cobran hasta 40 dólares por el dato certero. El ministro Zevallos ha separado de su cargo a un funcionario público por llevar a cabo ese tipo de extorsiones. "Esto es vergonzoso, indignante, intolerable", dijo.
