La Generalitat, en colaboración con la Diputación, pone en marcha un plan de ayuda a los ayuntamientos que contará con más de 1.100 efectivos, con el fin de prestar asistencia básica a los ciudadanos, con especial atención a los municipios más pequeños y a las personas más vulnerables. La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, a través de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, ha elaborado un operativo que utilizará «todos los recursos contemplados en el Plan Territorial de Emergencias» y que supone la movilización y coordinación en toda la Comunitat de más de 10.000 efectivos entre policías locales, Policía Autonómica, bomberos de la Generalitat, y voluntarios de Protección Civil y de Cruz Roja que aportarán, además, un centenar de psicólogos.

En el caso de Castellón, se dispondrá de 997 agentes de la Policía Local y 113 efectivos de los cuerpos de Protección Civil. A ello se unen 15 unidades de bomberos con autobomba y dos unidades de bomberos forestales helitransportadas. La Cruz Roja aporta, mientras, 19 agrupaciones locales y nueve psicólogos.

El plan empieza mañana, y se articula en torno a cinco grandes ejes. Son el reparto domiciliario de alimentos y recursos de primera necesidad a personas discapacitadas, mayores que viven solos o bien en entornos aislados y otros colectivos de especial vulnerabilidad; el transporte de víveres y material sanitario para los ayuntamientos, la limpieza y desinfección de espacios sensibles, la distribución de material de protección personal y de limpieza y desinfección, o la atención psicológica telefónica o mediante videollamada, tanto para la ciudadanía como para el personal de los ayuntamientos. También contemplan otras peticiones de asistencia no tipificadas cuya solución sea factible por los efectivos incluidos en este plan.

OTROS ACUERDOS / De manera paralela, los voluntarios de Protección Civil de la Diputación de Castellón realizan todas las tardes un servicio de asistencia en Morella a mayores y personas con coronavirus, o que tengan algún familiar que haya dado positivo para evitar que salgan a la calle poniendo en riesgo su salud y la del resto de la población. La actuación empezó el jueves, tras el acuerdo alcanzado con el consistorio de la capital de Els Ports.