Prevenir rebrotes como los registrados en temporeros de Lleida, cuyos efectos llegaron hasta la provincia en forma de contagios. Este es el objetivo ahora de las consellerias de Sanidad y Agricultura, que trabajan en un protocolo para garantizar las medidas de seguridad en el campo, especialmente, en el caso de Castellón, con la vista puesta a la próxima campaña citrícola.
La consellera de Agricultura, Mireia Mollà, presidió ayer tres mesas sectoriales con el sector agrícola, ganadero y pesquero con la finalidad de consensuar una guía con indicaciones de seguridad, así como una declaración responsable del empleador que garantice el cumplimiento de las medidas de seguridad y la trazabilidad de los trabajadores. También señaló que se está abordando con las administraciones locales crear una red de soluciones habitacionales.
Este encuentro fue una toma de contacto con las principales voces del sector. Tanto la Unió de Llauradors como Fepac-Asaja hicieron hincapié en la necesidad de realizar las pruebas PCR, como ya ha anunciado que hará la Rioja, a todos los collidors, tanto a los que vienen de otros países, como a aquellos que son de aquí que han estado en otras comunidades para participar en campañas agrícolas.
«No quieren hacerse cargo del coste de las pruebas cuando se trata de una crisis sanitaria y debería asumirlo la administración», lamentaron desde la Unió, mientras desde Fepac insistieron en la necesidad de hacer estos test antes de la contratación de los temporeros.
Otro punto que se abordó fue el del alojamiento, ya que piden a la administración espacios para aislar posibles casos positivos y mayor control policial.
