El coronavirus ha dejado a la Justicia prácticamente congelada. Desde el 14 de marzo, cuando entró en vigor el Real Decreto que instauró el estado de alarma, no se celebran juicios y solo se prestan los servicios esenciales, es decir, inscripciones en el registro civil, toma de declaración a los detenidos y tramitación de causas relacionadas con violencia de género y menores. Nada más. El problema ahora es que una vez se produzca la desescalada, a las consecuencias de todo ese parón se unirá el más que previsible aluvión de asuntos nuevos derivados del estado de alarma, desde temas laborales y societarios como ERTE y concursos, a recursos contra las sanciones impuestas por saltarse el confinamiento. ¿La consecuencia? Un aluvión de casos que no harán sino agravar la situación del ya colapsado sistema judicial en Castellón, que cerró 2019 con 34.244 asuntos pendientes de resolver.
El problema al que se va a enfrentar la Justicia en Castellón en los próximos meses va a ser mayúsculo. El primer reto, según fuentes judiciales, será dar salida a los cerca de 1.500 juicios que han tenido que suspenderse en la provincia como consecuencia del estado de alarma. Un ejemplo: solo en Castelló, los cuatro juzgados de lo Social han aplazado sine die la celebración de unas 320 vistas. Pero es que, además, se han quedado por tramitar decenas de asuntos. Antes del confinamiento, entre los 50 órganos judiciales de la provincia recogían una media de 1.400 nuevos asuntos semanales. En las últimas semanas, y siempre según fuentes judiciales, ese flujo ha descendido a unos 300, un 80% menos. Y aunque para estos procedimientos el tiempo no pasa y empezará a contar una vez se levante el confinamiento, lo que sí provocará es que se acumulen al resto de trámites que entren a partir de ese momento en los juzgados.
Jueces, fiscales, abogados y procuradores auguran que el colapso será importante y que la cascada podría acabar convirtiéndose en un tsunami. «Desde el 15 de abril se pueden presentar escritos de forma telemática, pero el problema es que el número de funcionarios es insuficiente», apunta José Luis Cuesta, fiscal jefe de Castellón, que confía en las medidas que van a poner en marcha tanto el Consejo General del Poder Juficial (CGPJ) como la Fiscalía General, ambos coordinados por el Ministerio de Justicia. «Hay voluntad para intentar dar salida a todos esos asuntos, y lo que está claro es que las jurisdicciones social, civil y contencioso-administrativa, van a tener que reforzarse», insiste.
Pese a que desde hace casi quince días, los abogados y procuradores pueden presentar escritos por vía telemática en los juzgados, el funcionamiento de la Justicia en Castellón sigue siendo todo menos normal. El teletrabajo es limitado, sobre todo, por parte de los funcionarios. «La situación es de caos total. Solo trabajan el 10% de los funcionarios y los juzgados en estos momentos ya están colapsados por las decenas de escritos que se han presentado telemáticamente. No quiero ni imaginar lo que ocurrirá cuando acabe el estado de alerta y empiecen a llegar casos de ERTE o concursos», explica Carmen Rubio, decana del Colegio de Procuradores de Castellón, que defiende la necesidad de instalar ya mamparas de seguridad y equipos de protección para que el personal pueda trabajar al mayor ritmo posible y dar salida al aluvión de casos que se avecinan.
Arturo Losada, responsable de la sección de Justicia del sindicato CSIF, defiende que no todos los funcionarios pueden teletrabajar. «No tienen ordenadores suficientes en casa, y la Administración de Justicia tampoco tiene medios suficientes para proporcionar a los trabajadores las herramientas necesarias para llevar a cabo el teletrabajo», dice mientras insiste en la necesidad de que la Justicia no cometa los mismos errores de siempre. «Ni se han creado los órganos judiciales necesarios ni se han recuperado los puestos de trabajo que se amortizaron años atrás. Y así la solución será muy compleja, sobre todo ante la entrada desproporcionada de nuevos asuntos que se prevé durante los próximos meses», añade.
LLOVERÁ SOBRE MOJADO
La preocupación ahora se centra en el día después y hay voces que aseguran que ese día será dramático si no se atina con las medidas que se vayan a tomar. «Va a ser urgente habilitar medios y hacerlo desde ya, dado que el verdadero problema llegará con la gran cantidad de demandas que entrarán en los juzgados por ERTE, litigiosidad fiscal o asuntos de familia», subraya Manuel Mata, decano del colegio de Abogados de Castellón, unos profesionales que estas semanas también trabajan al ralentí (la excepción son los laboralistas y fiscalistas). Y ese aluvión provocará que se alarguen todavía más los plazos. «Toda esa avalancha de nuevos casos caerá sobre unos juzgados que ya de por sí están colapsados».
