La Fiscalía General del Estado cifró en más de 170 diligencias de investigación penales las abiertas contra residencias de ancianos por la incidencia brutal que tuvo en ellas la pandemia del covid-19. A esas actuciones hay que sumar ahora la seguida por la Fiscalía Provincial de Madrid para esclarecer los criterios seguidos por algunos hospitales madrileños a la hora de seleccionar qué pacientes eran o no ingresados en sus Unidades de Cuidados Intensivos (Ucis) y, con ello, quiénes contaban con un respirador para su tratamiento en los días más críticos de la pandemina por el coronavirus.
Fuentes fiscales señalan a este diario que para determinar si los centros cumplieron los protocolos que tienen establecidos en situaciones como las que se vivieron antes de doblar la curva de contagios se ha remitido un oficio a los hospitales para que aclaren sus criterios de acceso a respiradores y a las ucis. Con ellos en la mano se comprobará si se siguió lo fijado en determinadas circunstancias.
La petición se ha producido para investigar la denuncia presentada por la Asociación el Defensor del Paciente contra varios hospitales madrileños ante la Fiscalía General del Estado, que a su vez la remitió a la fiscalía de Madrid.
Desde el Defensor del Paciente explican a Efe que quieren que "se depuren responsabilidades" ante "la cantidad de fallecidos que no pudieron ingresar al hospital ni se vieron sometidos a ningún tratamiento", especialmente aquellos que se encontraban en las residencias de mayores, donde se calcula que han fallecido 17.000 personas en toda España.
"Lo que pretendemos es averiguar porqué no se ingresaba a muchos pacientes en las ucis, a qué motivos obedecía, sí había una orden o un mandato", señalan desde la asociación, que representa a varios familiares de víctimas del covid-19.
