Más allá de la elección del nuevo presidente del Eurogrupo, la gran pelea a la que se enfrentan estos días los gobiernos europeos gira entorno al fondo de recuperación propuesto por la Comisión Europea para ayudar a los países más golpeados por la pandemia del coronavirus. Un instrumento de 750.000 millones de euros en forma de préstamos y transferencias que se financiará a partir de la emisión de deuda europea, garantizada a través del presupuesto de la UE con plazos de vencimiento a 30 años.

Se trata de una propuesta que sigue enfrentando a norte y sur que discrepan sobre el tamaño del fondo, el porcentaje del dinero que debe llegar en forma de subsidios y préstamos, o la clave de reparto lo que augura todavía una larga negociación. "No he apreciado ningún cambio de posición significativo en los distintos países pero no se ha iniciado verdaderamente la negociación. Hemos tenido solo una discusión preliminar en el Ecofin. Se están produciendo discusiones preliminares en el Coreper (Comité de Embajadores Permanentes) y la primera cita importante será en el Consejo Europeo", ha explicado este jueves la vicepresidenta Nadia Calviño sobre la cumbre por videoconferencia que celebrarán los 27 líderes de la UE el 19 de junio y que servirá de preparación para una cita presencial que podría tener lugar en Bruselas el 9 de julio.

Aunque hay quien ve una flexibilización de posturas en algunos países del norte, Holanda ha dejado claro esta semana que el tamaño del fondo de recuperación propuesto por Bruselas no le convence, ni la clave de distribución del dinero ni el hecho de que incluya transferencias en vez de solo préstamos con un calendario de pago claro. Además, estiman que tampoco recoge adecuadamente el vinculo con las reformas estructurales y son escépticos ante el incremento del techo de recursos propios propuesto por el equipo de Ursula von der Leyen para aumentar la capacidad financiación en los mercados.

También Alemania ha optado en estos primero compases por defender su propuesta original de transferencias de 500.000 millones de euros, una cantidad por debajo de la que defiende España que, considera que los 750.000 millones planteados por Bruselas es un tamaño razonable, en la franja de las necesidades, y que bajar de este umbral sería preocupante, apuntan fuentes del ministerio de economía. Según el reparto planteado por la Comisión, a España le corresponderían 140.000 millones de euros, unos 77.000 millones en forma de subsidios y unos 63.000 millones en préstamos. Un montante con el que está satisfecha.