La fiesta ibicenca que reunió a multitud de estudiantes universitarios en la azotea del Colegio Mayor Galileo Galilei el pasado 26 de septiembre no solo tuvo consecuencias directas en el ámbito estudiantil y sanitario, también económicas.

Este viernes, el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias de la Generalitat Valenciana, José María Ángel, ha firmado la resolución del procedimiento sancionador de la denuncia interpuesta por la Administración valenciana contra la residencia de estudiantes por permitir la celebración de la fiesta ibicenca en septiembre y otras dos juergas en habitaciones la madrugada del día 27 de septiembre.

En total, la sanción ascenderá a 25.000 euros por las infracciones cometidas que, cabe recordar, supusieron el confinamiento de todos los residentes tras detectarse un macrobrote covid derivado de las distintas celebraciones, la interrupción de las prácticas de estudiantes de Ciencias de la Salud en los hospitales valencianos y el corte de las clases presenciales en el ámbito universitario.

La multa, según la resolución, determina que se cometieron dos infracciones. Por un lado, una infracción administrativa grave por el incumplimiento medidas higiene y prevención cuando suponga riesgo de contagio o afecte a más de 15 personas del Decreto Ley 11/2020, de 24 de julio, del Consell, de régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las medidas de prevención ante la Covid-19.

Además, una infracción administrativa tipificada como Grave en el artículo 6.2 Organización o participación en reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto equivalente, privado o público, en espacios privados o públicos, que impliquen una aglomeración o agrupación de personas cuando se constate por la autoridad inspectora que impiden o dificultan la adopción de las medidas sanitarias de prevención y del mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal dentro de los establecimientos del Decreto Ley 11/2020, de 24 de julio, del Consell, de régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las medidas de prevención ante el covid-19.