El Gobierno ha aprendido varias cosas a lo largo de las cada vez más difíciles negociaciones para prorrogar el estado de alarma frente al coronavirus. La primera es que no puede fiarlo todo a la presunta "responsabilidad" de la oposición, advirtiendo de que la alternativa sería el "caos", sino que tiene que sentarse a negociar. La segunda pasa por no dar por supuesto ningún resultado: el Ejecutivo, por ejemplo, pensaba que el PP no llegaría a votar nunca en contra, como hizo con la última prórroga, la semana pasada. Y la tercera, después de la tormenta que supuso el pacto con EH Bildu para derogar la reforma laboral, es que las materias a debatir a cambio de un respaldo o una abstención se deben ceñir a la propia emergencia sanitaria.

De todas las lecciones, esta es la que menos aplica la Moncloa, que acaba de acordar con el PNV el traspaso a Euskadi y Navarra del ingreso mínimo vital, iniciativa que el Consejo de Ministros aprobará este viernes. Ni el Ejecutivo ni los nacionalistas ligan directamente este pacto a la última prórroga, que Pedro Sánchez pedirá previsiblemente la semana que viene para su votación en el Congreso de los Diputados, pero ambos reconocen que ayuda a un acuerdo. Todavía con muchas cautelas, el Gobierno avanza con el partido vasco y con Cs para obtener una última extensión de la alarma, hasta el 21 de junio, que sería asimétrica, pudiendo levantarse la medida excepcional en algunos territorios con menor incidencia del virus, como Galicia, Cantabria y los archipiélagos.

"Estamos en eso", explican fuentes de la Moncloa, que reconocen el buen clima en el que transcurren las conversaciones con nacionalistas y liberales, grupos que también transmiten la misma impresión. "Esta debería ser la última prórroga y tendría que abrir la puerta a la normalidad. Y en ese camino el Gobierno vasco debe gestionar el cien por cien de sus competencias", ha dicho este jueves en la Ser el presidente del PNV, Andoni Ortuzar. Desde Cs, su portavoz, Edmundo Bal, ha señalado en Antena 3 que el Gobierno está cumpliendo "todas las exigencias" que los naranjas plantearon a cambio de respaldar los dos anteriores periodos, en un complejo proceso que ha fracturado la mayoría de la investidura, con socios como ERC y Compromís votando en contra.

El Ejecutivo insiste en que se está tomando esta última negociación "muy en serio", con el propio Sánchez y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, manteniendo contactos con los grupos. La Moncloa también intenta que los republicanos se abstengan, pero aquí el entendimiento, que no se logró la semana pasada, continúa pareciendo muy difícil.

LA DISYUNTIVA

"Seguimos donde estábamos. El Gobierno tiene que elegir entre Cs y nosotros", explican fuentes del partido de Oriol Junqueras. Fuentes del Ejecutivo consideran que la competición de ERC con JxCat, con ambas formaciones conviviendo en la Generalitat y las elecciones catalanas en el horizonte (pese a que aún no tienen fecha), complica cualquier acercamiento.

En cualquier caso, la marcha de las negociaciones con Cs y el PNV, suficientes para sacar adelante la prórroga junto a los votos del PSOE y Unidas Podemos, provoca que se disipe la posibilidad del "plan alternativo" a la alarma que Calvo esbozó el pasado martes en el Congreso: un decreto ley que incluiría algunas de las que se han ido aprobando estos dos últimos meses, para dar una "respuesta sanitaria" allí donde el covid-19 está menos controlado. "Para hacer bien la desescalada, no hay alternativa a la prórroga", insiste un miembro del Gobierno.