El Gobierno central se plantea recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto-ley andaluz de simplificación administrativa con el que la Junta de Andalucía (PP y Cs) cambió de golpe, y en pleno estado de alarma, 27 normas autonómicas y eliminó un centenar de trámites burocráticos. Entiende el Ejecutivo que el texto vulnera competencias estatales en los dos aspectos cuya premura precisamente criticó la oposición que ejercen PSOE y Adelante Andalucía: la modificación de la ley audiovisual, de forma que se permitirá dar entrada a empresas privadas en las emisoras municipales o incluso la publicidad institucional pagada en emisoras piratas, y la supresión de trámites en actuaciones urbanísticas en el entorno del patrimonio histórico.

La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que éste pedirá al Consejo de Estado un informe preceptivo para determinar si se produce esa invasión de competencias, y llevar el decreto por tanto al TC, como ha adelantado la Cadena Ser.

Desde la Junta de Andalucía esgrimen que, en cualquier caso, ese dictamen no sería vinculante, señaló el consejero andaluz de Economía y máximo impulsor del decreto, Rogelio Velasco, en declaraciones a Canal Sur. A su juicio, el decreto-ley andaluz no es susceptible de mejora dado que cuenta con un extenso trabajo jurídico detrás que lo respalda.

Velasco mantiene que el decreto, el proyecto estrella de la legislatura de Juanma Moreno Bonilla, lo que hace es facilitar la creación de nuevas empresas y atraer inversores a los que repelía el maremágnum administrativo anterior. Es difícil de mejorar en aspectos en particular porque lo hemos pensando, debatido y presentamos lo mejor, zanjó.

Bronca en un Parlamento andaluz al mínimo

El decreto ley salió adelante el pasado 2 de abril en un Parlamento andaluz reducido al mínimo a causa del estado de alarma derivado provocado por el coronavirus, y con los votos a favor de PP, Cs y Vox. Tanto PSOE como Adelante Andalucía anunciaron su intención de recurrirlo también ante el Constitucional, pero por entender que se había vulnerado el derecho a la participación de los diputados recogido en el artículo 23 de la Carta Magna. Reprochaban además que se alegara, sin informe previo alguno y hurtando el debate, la urgencia de aspectos de calado como la eliminación de trámites y permisos medioambientales o esa reforma de la ley audiovisual, que se ha encontrado con el rechazo frontal de sindicatos, colegios profesionales y asociaciones de comunicación.

La oposición considera que el nuevo texto normativo, que supone un cambio radical del modelo productivo andaluz y que se gestó antes del golpe económico provocado por la pandemia mundial, se traduce en una liberalización paulatina del mercado. Y reprochan que fuera consensuado con el sector privado, pero no con los sindicatos.

Declaraciones responsables frente a permisos

Uno de los aspectos más controvertidos es la reducción de trabas medioambientales, ya que se aligeran o eliminan permisos hasta ahora obligatorios en reformas urbanísticas que pasan a ser sustituidos por simples declaraciones responsables. Aquí es donde apunta el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ya que el decreto elimina la necesidad de una autorización previa para las actuaciones, aunque sean mínimas, en el entorno de bienes culturales propiedad de particulares o de administraciones.

Otro de los elementos que más rechazo genera es la regulación de los campos de golf, cuya construcción estaba hasta ahora supeditada a su interés turístico. Apenas se construyeron nuevos campos en la última década, pero la treintena de proyectos rechazados tendrá ya luz verde.