El Gobierno está estudiando el aplazamiento de los pagos de cotizaciones a la Seguridad Social para el colectivo de autónomos y una parte de las pymes, que podría ser de seis meses y ser aprobado en el Consejo de Ministros de este martes. Sobre la mesa del Gobierno, además de una moratoria de alquileres y un veto a los desahucios, también está una prestación extraordinaria para colectivos vulnerables, como el de las empleadas del hogar. Todas estas medidas forman parte del plan de choque del Ejecutivo para mitigar el impacto económico del coronavirus.
La moratoria de cotizaciones podría aprobarse incluso con carácter de urgencia, según ha adelantado 'El País' y han confirmado a Europa Press en fuentes gubernamentales.
El aplazamiento de cuotas, reclamado especialmente por las asociaciones de autónomos (ATA, UPTA y Uatae) y también por las organizaciones empresariales, ha obtenido el visto bueno del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Será el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por José Luis Escrivá, el que se encargará de articular la posible medida y establecer las condiciones, requisitos y parámetros de la moratoria.
Ayuda a empleadas del hogar
En paralelo, el Ejecutivo trabaja en un subsidio para las empleadas del hogar que hayan perdido su empleo o hayan quedado temporalmente en paro como consecuencia del coronavirus, que consistiría en una ayuda extraordinaria que duraría un mes y equivaldría al 70% de la base de cotización, algo que las asociaciones del colectivo ven "insuficiente".
La prestación también podría dirigirse a desempleados que hayan agotado el paro y personas que cuiden de dependientes, tal y como adelantó la semana pasada la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño.
Esta prestación extraordinaria podría ver la luz también en el Consejo de Ministros de este martes, en el que se aprobará un plan para el mercado del alquiler que prevé una línea de microcréditos avalados por el Estado, ayudas directas y la suspensión de desahucios durante seis meses una vez acabe el estado de alarma en determinados supuestos, con una movilización de recursos esperada de unos 700 millones de euros.
La medida que finalmente parece haberse caído del orden del día del Consejo de Ministros de este martes es el ingreso mínimo vital. Se trata de una iniciativa ya pactada en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, que se contemplaba como una prestación de la Seguridad Social, concebida, según el propio acuerdo, como un "aumento decidido" de la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables "en un primer momento", para después establecerlo como "mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o ingresos bajos".
