El Juzgado de lo Social número 31 de Madrid ha sido el primero en actuar en el frente judicial iniciado por médicos y personal sanitario madrileño para tratar de conseguir el material de protección necesario para hacer su trabajo sin riesgos, después de que se haya sabido que hay más de 5.000 profesionales que se han infectado. Su decisión ha consistido en dar 24 horas a la Consejería de Sanidad madrileña para proveer a todos ellos del material necesario.

El juez ha admitido la medida cautelarísima (por lo que se ha resuelto inmediatamente sin dar traslado a las partes para alegaciones), planteada por la Asociación de Médicos Titulados y Superiores de Madrid (AMYTS) contra la Consejería de Sanidad para que provea a todos los centros de la red del Servicio Madrileño de Salud.

Amyts reclamaba proporcinar material de protección a los hospitales, centros de Atención Primaria, el SUMMA 112, el SAR, los centros con pacientes institucionalizados y todos los demás centros asistenciales de la Comunidad de Madrid, ya sean públicos o privados, y cualesquiera otras dependencias habilitadas para uso sanitario.

De tal forma que todos ellos cuenten con batas impermeables, mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección y contenedores de grandes residuos, considerados imprescindibles para luchar contra el coronavirus.

El Tribunal Supremo aún no se ha pronunciado sobre la reclamación de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) para que requiera al Ministerio de Sanidad la distribución de material de protección entre el personal sanitario, "dada la situación de emergencia sanitaria" por el COVID-19. Fuentes jurídicas señalan que lo hará a lo largo del día o este jueves.