El Ayuntamiento de Onda celebró ayer un pleno extraordinario que, por primera vez en la historia, se desarrolló de forma telemática por la crisis del coronavirus. En la sesión se aprobó bonificaciones del 50% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y en el de Actividades Económicas (IAE). El objetivo es favorecer la recuperación económica en la localidad.

De este modo, las empresas que decidan instalarse en los polígonos industriales ondenses, con menos de la mitad de ocupación, se podrán beneficiar de incentivos en el ICIO. Este punto, que también contemplaba la actualización de precios mínimos propuesta por los técnicos municipales para evitar el fraude, salió adelante con los votos a favor del grupo popular y en contra del PSPV --su portavoz, Ximo Huguet, consideró que la medida supone subir tributos-- y Compromís.

Por otro lado, la corporación dio luz verde por unanimidad a la deducción en el IAE, que se sitúa en el máximo legal permitido y que convierte a la ciudad en la que tiene mayores ventajas fiscales por el uso de este sistema eficiente de generación de energía. Siete empresas del sector cerámico que utilizan la cogeneración se beneficiarán de la acción.

Ambas iniciativas, según fuentes municipales, «responden a la voluntad del equipo de gobierno de paliar los efectos de la grave afección económica que viene y atraer proyectos de inversión que generen riqueza y empleo».

«Queremos estar preparados para iniciar con fuerza la recuperación desde el primer día de vuelta a la rutina. Nos dejaremos la piel en cuidar a los vecinos y ser útiles a las empresas», indicó la munícipe, Carmina Ballester.

La munícipe abrió el pleno con palabras de condolencia a las miles de familias que han perdido seres queridos y lanzó un mensaje de agradecimiento a los que luchan por ayudar a los demás.

REGLAMENTO policial // En otro orden de cosas, se ratificó, con los votos a favor de populares y Compromís, y la abstención del grupo socialista, el reglamento de segunda actividad de la Policía Local, el cual regulará las pautas y criterios para aquellos agentes que por edad o enfermedad precisen realizar trabajos con menos exigencia psíquica y física.