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¿NUEVA NORMALIDAD?

Pasaporte sanitario: ¿pueden las empresas conocer datos de salud de sus trabajadores?

Abogados expertos ven dudas en el proyecto de grandes compañías para identificar cuáles de sus empleados son inmunes al coronavirus / Países como Alemania, Italia o el Reino Unido estudian la aplicación de un modelo que ya funciona en China

 

Toma de muestras para un test de coronavirus. - AP / CECILIA FABIANO

17/04/2020

Con el retorno parcial de ciertos sectores económicos, las grandes empresas de España empiezan a prepararse para el escenario de desconfinamiento con medidas que hasta hace poco costarían de creer. Una de las ideas más estudiadas es la introducción del pasaporte sanitario, un documento digital que verifique qué empleados son inmunes al coronavirus Covid-19. Los que hayan desarrollado anticuerpos serán los primeros en regresar al trabajo.

Como avanzó este lunes El Confindencial, grandes nombre del Ibex 35 que operan en todos los sectores barajan la implantación de medidas para optimizar sus trabajadores evitando una mayor exposición al virus. Una de esas serían los tests serológicos masivos para detectar qué parte de la plantilla es inmune y, por lo tanto, puede trabajar sin a priori exponer al resto.

 El gobierno de Castilla y León y algunos investigadores han abogado por la creación de este documento de identificación, iniciativa que el Ministerio de Sanidad de momento rechaza. Este lunes se levantó parte de la parálisis de la actividad económica para permitir que ciertos sectores como el industrial reactiven su funcionamiento. En paralelo, se puso en marcha un plan de tests para 62.000 ciudadanos para conocer mejor el impacto de la pandemia.

Científicos de todo el mundo trabajan ya para encontrar una vacuna que frene la propagación de la pandemia, pero mientras esa solución médica no llega —según las estimaciones de la Agencia Europea del Medicamento no estará lista antes de un año— la economía busca maneras de seguir su curso. Hemos hablado con abogados expertos en derecho laboral e informático sobre esta controvertida idea.

¿Es legal?

Es una duda compleja, pues en ella colisionan el derecho a la integridad física de la plantilla y el derecho a la privacidad del empleado. Abogados consultados por este diario han explicado que hay que ponderar los derechos en "cada caso", ya que pueden generarse "discriminaciones”. Muchos expertos ven más dudosa la legalidad de esa propuesta, ya que, explican, se trata de una "invasión de la privacidad" que implica una discriminación "demasiado grande”. Los datos médicos son especialmente sensibles, lo que les otorga una mayor protección legal.

El sábado, la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Sempsph) criticó que el pasaporte sanitario supone una “limitación estratificada de las libertades y derechos fundamentales por motivo de salud”.

Aunque la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) permite a las empresas la adopción de medidas de seguridad para asegurar la salud de sus trabajadores eso se aplica solo en casos críticos como pilotos de avión o empleados de una central nuclear. “Si el pasaporte se justifica con la idea de evitar el contagio antes tienen que agotarse otras posibilidades menos lesivas”, remarca un bogado consultado por este diario.

¿Es útil?

Más allá de la legalidad, también hay dudas de su posible utilidad, pues aún se desconoce por cuanto tiempo se inmunizan las personas que han sufrido el covid-19 y se han curado. China y Corea del Sur ya han reportado casos de contagio entre personas que se creían curadas.

¿Qué datos podría pedir la empresa?

El hecho de que se trate de información tan sensible como la médica dificulta aún más este mecanismo. La empresa solo puede saber si el trabajador es apto, no qué enfermedades tiene, según juristas consultados. Eso es, la compañía solo podría solicitar los datos para identificar si el empleado puede trabajar, como un reconocimiento médico, pero sin más detalles.

¿Existe en otros países?

Sí, en Corea del Sur y China, las personas tienen una especie de DNI sanitario generalizado: cada ciudadano tiene un teléfono móvil que almacena su información médica; cuando va a un sitio público las autoridades escanean esa credencial en forma de código QR para conocer su condición médica y, en función de eso, permitirle o denegarle su acceso. Alemania, Italia, el Reino Unido o Chile son otros países que estudian la aplicación de un pasaporte de inmunidad para “regresar a la normalidad”.

Este lunes PwC, una de las cuatro grandes firmas de consultoría del mundo, lanzó en España un pasaporte sanitario digital que permite compartir los datos de los laboratorios hospitalarios y conocer en tiempo real si los ciudadanos han estado contagiados. Otras empresas pueden acudir a esta herramienta. En Estados Unidos, Amazon ha anunciado el desarrollo de un laboratorio propio para evaluar a sus empleados.

¿Hay alternativas menos invasivas?

Los especialistas en medicina preventiva (Sempsph) rechazan el uso de pasaportes serológicos y ha pedido “hablar más” de medidas de higiene en el trabajo. Así, el organismo cree que es necesario priorizar el teletrabajo y, en caso de un trabajo asistencial, la empresa debe facilitar Equipos de Protección Individual (EPI) como las soluciones hidroalcohólicas y mantener la distancia entre trabajadores y desinfectar esos puestos.

¿De aplicarse, qué peligros podría tener?

Los expertos consultados coinciden en el temor de que esas medidas excepcionales terminen siendo permanentes. Este pasaporte sanitario podría llegar a ser utilizado como certificado de salud para el uso de transportes o para eventos masivos como conciertos. El miércoles Emirates Airlines se convirtió en la primera compañía aérea que realiza 'tests' a sus pasajeros. “Los datos que se están cediendo hoy por una emergencia mañana pueden servir para denegarnos seguros médicos”, explica Carlos Sánchez Almeida, abogado experto en derecho informático del Bufet Almeida.

Como avanzó El Confindencial, las empresas que han sondeado la idea del pasaporte sanitario incluso barajan la opción de registrar a familiares de empleados, algo que para muchos significaría una vulneración “aún mayor” de los derechos fundamentales.